Cuando alguien asegura que la corrupción no se puede acabar y a lo más que se puede aspirar es a mantenerla “en niveles tolerables”, es muy grave, pero cuando el que lo dice es el funcionario encargado de combatirla, es devastador.
En una desafortunada entrevista con La Jornada, Eduardo Rovelo Pico, contralor general de la Ciudad de México, aseguró ayer que las prácticas corruptas en la capital del país no tienen remedio y que jamás se van a erradicar.
El que un funcionario resbale con una declaración es hasta común, pues en ocasiones, al calor de una entrevista, se le puede salir alguna frase comprometedora, pero cuando el encargado de investigar el robo al erario afirma que no hay nada que hacer, adiós.
Seguramente no fue la intención de Rovelo Pico, pero el que en términos reales haya oficializado la corrupción es muy delicado, sobre todo en estos momentos en que por todo el país salen a relucir las millonarias transas de exgobernadores y políticos.
El funcionario se fue hasta el fondo y dijo que este flagelo es “consustancial a la sociedad”, y que llevaría unos 40 años preparar a las nuevas generaciones para modificarlo, por lo que hoy sólo se puede mantener a niveles tolerables.
Sus declaraciones se dan justo en el momento en que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el gobierno trabajan en lo que será el Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, que se prevé que entre en vigor en marzo del año 2018.
Y conste que el contralor tiene toda la razón al señalar que la corrupción es un problema estructural y social, y que requiere también de una participación ciudadana y no sólo del gobierno para combatirla, pero decir que no tiene cura es desolador.
¿Entonces los ciudadanos deben acostumbrarse a vivir con ese mal o, en el mejor de los casos, aspirar a mantenerlo en niveles “tolerables”?
¿No hay esperanza de erradicarlo a pesar de que cada año salen a la luz pública corruptelas de funcionarios, delegados, legisladores y hasta burócratas de a pie?
De por sí hay una gran duda ciudadana sobre el actuar cotidiano de la Contraloría General de la Ciudad de México con respecto a si en realidad investiga o tapa a los malos funcionarios; después de estas declaraciones su escasa credibilidad se va al suelo.
Por mucho que Rovelo Pico haya dicho que hacen falta nuevas leyes y un cambio de mentalidad en la burocracia y en la ciudadanía, su dictamen en el sentido de que nada de esto cambiará al menos en 40 años, si no es que nunca, desanima hasta al más optimista.
Habrá que preguntar hoy a los diputados capitalinos que sesionan en Donceles y que trabajan en la nueva ley que dará origen al Sistema Anticorrupción si vale la pena gastar el dinero de los contribuyentes en una acción destinada al fracaso, según el contralor.
Ya ni para qué consultar a la Consejería Jurídica, la Procuraduría General de Justicia o el Tribunal de la Contencioso Administrativo capitalinos que, se supone, participan.
CENTAVITOS… Una vez más, el juez federal Fernando Silva mete el pie al gobierno de Miguel Ángel Mancera, al decretar la suspensión de las obras en la Línea 7 del Metrobús sobre Paseo de la Reforma. El mismo juez ya había declarado antes inconstitucionales las fotomultas, y ahora le pega al Metrobús en el peor momento, pues Mancera aspiraba a inaugurarlo antes de irse la primera semana de octubre. Ni modo.
http://www.excelsior.com.mx/opinion/adrian-rueda/2017/06/13/1169394
