Algunas en el papel y otras en los hechos, ya se encuentran listas las reformas que colocan a México entre las naciones modernas del orbe con una economía abierta, empresas productivas del Estado, avances en la igualdad entre hombres y mujeres y con garantías de respeto a los derechos humanos, que dicen, brindan calidad a la democracia.
El reto de la transformación legal está superado al menos en el orden constitucional y muchas son las reformas a leyes secundarias y la reglamentación de las normas que falta para consolidar y ofrecer los beneficios que se esperan de las 31 reformas constitucionales que se realizaron durante la LXII y LXIII legislaturas de la Cámara de Senadores.
Al concluir el último periodo ordinario de sesiones para los actuales senadores se contabilizaron cambios al 25 por ciento de los artículos constitucionales.
La apertura económica, la actualización en telecomunicaciones, las reglas claras en la competencia y la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, dejan grandes retos para las próximas administraciones.
El número de reformas constitucionales podría no decir mucho; sin embargo, aunque muchas ya comenzaron a dar frutos, su cabal aplicación podría llevar hasta lustros, como es el caso de la reforma energética, de la cual ya se ve la competencia de las nuevas petroleras y aunque no se ven, existen compromisos de inversión para la exploración, perforación y extracción de energéticos fósiles por más de 200 mil millones de dólares.
La productividad legislativa en México deja resultados importantes. Durante los dos sexenios previos al que concluye, se hicieron diversos intentos para avanzar por este mismo camino en el que ya era urgente que México transitara; los resultados no tuvieron los alcances suficientes.
El ejercicio dejó ver una necesidad real de hacerlo y el reto era convencer a grupos, partidos y liderazgos que para la transformación de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad parecían insuperables.
Frente al reto la visión política de los negociadores oficiales fue determinante hacer una negociación conjunta con visión amplia para evitar espacios de bloqueo a los temas que parecían vedados a la negociación.
Así, con esa visión y con las propuestas en la mano, las tres principales fuerzas políticas que existían al inicio de este sexenio, PRI, PAN y PRD, trabajaron a través de sus dirigencias en acuerdos que después llevaron a sus bancadas en el Congreso de la Unión lo que puso en la mesa de la discusión legislativa reformas como la Educativa, Energética, Telecomunicaciones, Política-Electoral, Financiera-Fiscal, también se reformó entre muchas otras la figura jurídica de la capital mexicana para convertir al Distrito Federal en la Cuidad de México, como un estado igual al resto de los 31.
Hacia adelante, el reto es implementar programas, ejecutar leyes, aplicar recursos, atender el sentir de la sociedad y, sobre todo, enfocar el esfuerzo al crecimiento económico para que, finalmente, la transformación del marco legal se convierta en bienestar para los mexicanos.
El trabajo legislativo no está acabado, a pesar de que, como lo informó en su última sesión el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ernesto Cordero, se realizaron 849 reformas para mejorar la regulación relativa a la equidad y género, grupos vulnerables, normas laborales, en materia de medio ambiente, seguridad social, comunidades indígenas, educación, cultura, justicia y salud, entre otras, quedan pendientes muchas más y otras tendrán que entran en vigor para ser aplicables una vez que tengan su reglamentación secundaria.
Otro de los grandes avances legislativos de este sexenio es, sin duda, lo relativo a los temas de seguridad y de justicia, pues si bien desde 2008 se logró la reforma constitucional para el Nuevo Sistema Penal Acusatorio y Adversarial y de que entró en vigor plenamente en 2016, todavía en el último periodo ordinario de sesiones, los diputados aprobaron una iniciativa en materia de Justicia Cotidiana que permitirá arreglos directos entre particulares para evitar la judicialización de problemas personales.
Por lo que hace a la seguridad y el combate a la violencia, el Congreso de la Unión avaló la Ley de Seguridad Interior que da certeza jurídica a las fuerzas armadas, a los gobiernos estatales y la ciudadanía sobre la presencia militar en las calles y sus labores que desde diciembre de 2006 iniciaron en todo el estado de Michoacán, para combatir al crimen organizado frente a la debilidad de las instituciones de seguridad civiles, que fueron superadas.
Este modelo de respaldo institucional se extendió prácticamente a todo el país sin una reglamentación clara, la estrategia se definió siempre de acuerdo con los criterios del gobernador, del comandante militar en turno y con la anuencia del Ejecutivo federal, que se veía obligado a confiar en las buenas decisiones de éstos.
La transformación está en el papel, en las leyes que definen un modelo de país moderno, con instituciones eficaces, con los controles que otorga el nuevo Sistema Anticorrupción para garantizar una mayor transparencia y la rendición de cuentas de los servidores públicos y de las propias instituciones, y que al mismo tiempo, generan confianza para los mexicanos y para el mundo entero.
Un sexenio de reformas y adecuaciones no es suficiente para transformar al país en los hechos. El Ejecutivo propuso una ruta, el Legislativo la siguió con sus inevitables adecuaciones y el camino está trazado. No es momento de desviaciones porque el país correría el riesgo de perder la brújula, avanzando en círculos, o definitivamente hacia atrás.
