Adrián Rueda
Ya que a los diputados locales les da por enfrascarse en duelos verbales, un buen tema para la Comisión Permanente de esta mañana sería que discutieran sobre la remoción del juez que llevaba el caso de la tragedia del New’s Divine, ocurrida el 20 de junio de 2008.
A un día de cumplirse el aniversario 11 del evento en el que murieron nueve adolescentes y tres policías, luego de un fallido operativo policiaco en un antro cuya clausura definitiva levantó el entonces delegado en GAM, Francisco Chíguil, cobra fuerza la destitución.
Una de las principales denuncias del gobierno de la 4T es que el Poder Judicial está infestado de jueces corruptos y tiene razón, difícilmente se puede hallar uno que genere confianza, sobre todo a las víctimas.
Pero una vez que las víctimas de esa tragedia, por la cual el hoy alcalde Chíguilestá denunciado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, recibieron el respaldo del juez Ángel Aarón Cámara Atristáin, éste fue removido por el Consejo de la Judicatura.
El pasado 26 de febrero, dicho juez rechazó la petición de la procuradora, Ernestina Godoy, para decretar el no ejercicio de la acción penal contra el hoy alcalde de GAM. Además de negarse, el juez llamó la atención a los fiscales enviados por Godoy, conminándolos a ponerse del lado de las víctimas y a ampliar las investigaciones para hacerles justicia, en lugar de querer cerrar el caso.
Incluso, Cámara Atristáin envió oficios a Claudia Sheinbaum; al presidente del Congreso local, Jesús Martín del Campo; a la procuradora Godoy y a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nashieli Ramírez, pidiendo garantizar la investigación.
La comunidad había encontrado al héroe justiciero que arriesgaba su carrera para ponerse del lado de las víctimas; tres meses después fue removido. Si los destinatarios de los oficios del juez que pedía una investigación transparente los leyeron es una cosa; lo cierto es que nadie se preocupó por apoyarlo, a pesar de ponerse del lado del pueblo.
El experredista y ahora morenista fue acusado por la muerte de las 13 víctimas, igual que su coordinador de asesores, Rafael Bustamante, quienes en 2008 fueron destituidos de sus cargos, aunque no han pisado la cárcel.
A pesar de la evidente intención de querer proteger a Chíguil, sin importar que las víctimas no reciban justicia, los funcionarios —todos de Morena, excepto Nashieli— prefirieron solapar las fechorías del alcalde que reconocer la honestidad del juez.
El gobierno de la 4T ha amenazado con exhibir a los funcionarios que, a su juicio, traicionan al pueblo, pues ahí están los nombres, a los que habría que agregar el de Zaira Liliana Jiménez Seade, secretaria general del Consejo de la Judicatura, que envió el oficio CJCMX-SGPL- 8333/2019.
CENTAVITOS
¿A alguien le suena la estrategia de nombrar policías charros, en patines, en bici, en chalupas o políglotas para los turistas? Parece que, efectivamente, Claudia no está sola, es como volver al pasado.
