Por Jorge Lara
Es difícil simplificar o tratar en encontrar un único factor que pueda explicar la escalada de violencia que padece nuestro país, especialmente desde el año 2008 a la fecha. La mayoría de lo miembros de la comentocracia atribuyen el fenómeno a lo que en su momento fue una urgente e impostergable determinación de enfrentar al crimen organizado anunciada por el Presidente Felipe Calderón con el poco afortunado título de Guerra contra el Narcotráfico.
La focalización de la política criminal, habilitando más de treinta y cinco mil nuevos integrantes de la entonces naciente policía federal, la convocatoria del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Legalidad y la Justicia del 2008, el reforzamiento para emplazar tropas pertenecientes a las fuerzas armadas hacia las ciudades y regiones asoladas por la delincuencia organizada, la habilitación de esfuerzos en materia de generación de inteligencia criminal bajo la integración de la plataforma México, la implementación de reformas constitucionales y legislativas para dotar al gobierno de más y mejores herramientas para combatir al crimen, como la figura de la Extinción de Dominio, el establecimiento de una política de atención y reparación a víctimas, el despliegue de esfuerzos de prevención y restañamiento del tejido social, la asistencia y cooperación internacional, fueron las medidas de primer orden que significaron los ejes y acciones en materia de seguridad. La crítica simplona y la conclusión falaz de que el despliegue de esfuerzos institucionales para combatir al crimen fueron la causa eficiente de la espiral de homicidios en el país, no resiste el menor y más básico análisis causal. Se ha demostrado que la razón interna de la escalada violenta fue detonada en México por la lucha por el territorio de los grupos criminales derivada la consolidación de nuevos modelos de generación de rentas ilícitas, que llevó a la perpetración de decenas de miles de homicidios dolosos.
Sin embargo, no se elevan los decibeles del análisis y la discusión en lo interno y el plano internacional en relación con un factor que ha sido la causa determinante para alimentar el poder generador de violencia del crimen organizado y que es el relativo a la inusitadamente alta disponibilidad de armas de asalto en los Estados Unidos y que llegan a México a los reductos del crimen organizado.
El tema se ha vuelto complejo derivado de los cambios en la política pública relativa a la producción y comercialización de armas en los Estados Unidos y de la configuración de los factores de poder que gravitan alrededor del lobby de dicha industria en Washington. Al respecto se debe recordar que, durante la administración del Presidente Bill Clinton estuvo vigente un embargo que impedía distribuir y comerciar armas de asalto, como cuernos de chivo AK47 o un fusiles AR15. A finales del año 2004 dicho prohibición terminó su vigencia, y como, producto de la presión de la Asociación Nacional del Rifle (NRA), estas armas llegaron a los estantes de Wamart, tiendas deportes y tlapalerías en general y desde ha sido prácticamente imposible introducir la más mínima regulación en ese mercado letal para México.
Sucede que, como resultado de la aplicación extrema y absurda de la segunda enmienda de la constitución norteamericana, el ala pro-armamentista trabaja con suficiente éxito para tener el mayor mercado abierto de armas pequeñas del mundo del otro lado de la frontera del país. Lo anterior ha llegado a suponer el tráfico de hasta 200 mil unidades en un año a nuestro país. Dichas piezas son la causa material de las muertes de miles de mexicanos cada año.
A diferencia de Felipe Calderón, que incluso elevó un airado reclamo en sesión conjunta del Congreso de los Estados Unidos por la laxitud de la regulación de las armas, el presidente saliente de nuestro país omitió desarrollar acciones visibles en esta materia.
La elección de un nuevo gobierno en México debe ser ocasión para poner énfasis en la urgente necesidad de que se detenga el flujo de armas, que inicia en las armerías y tianguis de armas a lo largo del otro lado de nuestra frontera del norte y que termina en manos del crimen organizado.
En este tema es indispensable que el presidente electo, López Obrador, puntualice sus exigencias ante su nuevo amigo Donald Trump quien, por cierto, es uno de los políticos predilectos de la NRA.
Por eso, nos atrevemos a parafrasear a aquel anónimo colaborador de la campaña de Clinton, quien al señalar las prioridades de su primera campaña escribió en un rotafolios: “Es la economía, estúpido…” En materia de homicidios dolosos del crimen organizado, consideramos que la respuesta pasa por el tema de las armas de asalto…
