Por Luis Repper
Sabíamos (todos los mexicanos) que en las últimas semanas de la campaña presidencial la “guerra sucia” arreciaría, que el estiércol, la boñiga, la suciedad, prevalecerían por encima de las ideas, los objetivos, las “promesas” (que nunca se cumplen, ¿verdad EPN?), los compromisos y la dignidad de los contendientes.
Es parte del sucio quehacer político que los partidos, los funcionarios electorales, las autoridades judiciales del rubro, los gobiernos y sobre todo el Jefe del Ejecutivo, saben hacer… y muy bien. En sus limitados conceptos de democracia, ignoran, omiten y se ensucian en aras de conservar y/o arrebatar el poder a quien lo detenta. Esto no debería asustarnos, porque por más que en nuestra labor periodística lo exhibimos, divulgamos, acusamos, comentamos, nadie nos “pela”, incluso colegas afines al Sistema y el partido oficial nos tildan de antimexicanos, izquierdosos, locos, parciales… y más.
Que recuerde, en eventos similares sexenios atrás, esta basura sólo lo hacían los candidatos, sus partidos, militantes, medios de comunicación afiliados al partido en el trono, la “borregada” y los jilguerillos de los aspirantes. Pero sucede que en esta contienda, hacia el 1 de julio, un sector bendecido, privilegiado, consentido por las decisiones del Presidente de la República, se salió de control y sin ser su responsabilidad social, ni política, se inmiscuyó en el proceso con la complicidad, complacencia y permiso del Sistema, del PRI, del INE, de la Fepade (PGR), violentando la Ley Electoral, sin que suceda nada.
Me refiero al sector privado (la IP) los dueños del dinero, los creadores de fuentes de empleo, cuya única obligación legal es distribuir, comercializar, crear trabajo para los mexicanos y cumplir sus obligaciones fiscales y… sanseacabó.
Pero no. Ante la pasividad, omisión, indiferencia (que es delito federal) la Cueva de Aliba Ba, o sea el INE, ha dejado que los hombres más ricos del país, aquellos que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari (1988/1994) se les entregaron en bandeja de plata los rubros públicos (bancos, teléfonos, ferrocarriles, aeropuertos, líneas aéreas, puertos, minería, petróleo, carreteras, campo, cines, ingenios, televisoras, etc.) con miras a privatizar la vida nacional, interviniendo directa, grotesca y violentamente en la decisión electoral, que sólo compete a la autoridad designada y los mexicanos en edad de votar.
Este selecto grupo de corruptos “de cuello blanco” como todo ciudadano tiene derecho y obligación de militar, simpatizar, aportar, participar, patrocinar, motu proprio, en la actividad política, actuando o apoyando a X partido o candidato. Su voto cuenta lo mismo que el de su empleado más humilde (limpieza, administración, chofer, jardinero o cualesquiera); con su dinero y riqueza puede hacer lo que quiera… pero… cuando el tipo amenaza, influye, ordena, dispone, señala y obliga a sus asalariados votar por el candidato de su conveniencia, comete Deliro Electoral. Coaccionar el voto es violatorio a la Ley en comento.
En privado, si así fuera, sin que trascendiera las 4 paredes de la empresa, negocio, oficina, etc. podría “insinuar”, “sugerir”, “pedir”, “razonar su voto” por alguien que convenga al país, bla, bla, bla. Aun así cometería Delito Electoral (tipificado en el Precepto correspondiente y sancionado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE/PGR), pero estos sujetos, sabedores de que nada les pasará porque el gobierno federal, su partido el PRI y las instituciones electorales tienen “intereses mezquinos” tolerando esta actitud, dejando todo en la vergonzosa impunidad.
Sin embargo, sobrados, soberbios, irresponsables, cómplices del Sistema, los dueños del dinero se han extralimitado y de manera abierta, retando a la sociedad, y de la mano con las autoridades han hecho público en Redes Sociales, en medios de comunicación, en panfletos al interior de sus empresas, videomensajes en Internet, en entrevistas, desplegados en diarios, etc. su alianza con el Candidato del PRI, el gris y tercer lugarista José Antonio Meade, amenazando a sus empleados que de votar por el abanderado “populista” (léase Andrés Manuel López Obrador o Morena), sus plazas estarían en riesgo.
Consultado el Código Penal, se precisa que “quien amenaza a otro con causarle un mal (quitarle su fuente de empleo si no vota por Meade, aunque el agraviado no quiera) es constitutivo de Delito y será castigado con pena de prisión”
El mal en que se incurre –en este caso contra la libertad de votar por quien el asalariado desee- se contempla en los Artículos 169, 170 y 171 del Código referido.
Los empresarios y sus firmas, a quienes citaré más adelante, han cometido ese delito, pues obligan bajo presión y contra la voluntad de la víctima para que haga o no algo que no desea, utilizando el miedo (quedarse sin empleo, sin salario para mantener a su familia) turbando la tranquilidad de la persona amenazada.
El Código Penal precisa “lo que se ataca en el Delito de Amenaza es la libertad para dirigir nuestra propia voluntad y hacer lo que estimamos conveniente”
Queda claro que los hombres del dinero cometen doble violación, la primera a la Ley Electoral: coacción del voto, la segunda, Amenazas a otra persona.
Ante esta violación legal, Ni Peña Nieto (Los Pinos), Lorenzo Córdova Vianello (INE), Héctor Díaz-Santana Castaños (Fepade), Ernesto Cordero Arroyo (Senado), Marko Cortés Mendoza (Diputados), Janine Otálora Malassis (TEPJF), han dicho “esta boca es mía” para detener, impedir y en su caso sancionar a los empresarios que en abierto desafío a la sociedad, amenazan con despedir empleados si no votan por Meade (PRI), cuyo destinatario es Andrés Manuel López Obrador, a quien etiquetan como “populista”. No lo mencionan por su nombre en las cartas, memorándums u oficios que circulan entre sus trabajadores, sólo citan el término “populista”.
Como el caso de Alberto Bailléres, el segundo hombre más rico de México después de los Carlos Salinas y Slim; dueño de El Palacio de Hierro, con una fortuna personal, según Bloomberg, superior a los 11 mil millones de dólares, quien la semana pasada, en calidad de urgente citó a junta en su lujosa tienda de Perisur, a las cabezas de sector de la firma para “leerles la cartilla” sin derecho a réplica, de absoluta e inmediata obligación: “háganlo saber a sus empleados de los 13 almacenes que hay en el país”.
Palabras más, palabras menos, Alberto Bailléres hizo circular este Memo: “voten (coacción) por el candidato que tenga la mayor probabilidad de vencer a López Obrador; es la mejor oportunidad que tenemos de preservar (miedo) el sistema económico que nos permite emplearlos (amenaza)”
Pero no fue sólo el texto, sino a lo largo del cónclave se repitió en la sala de juntas de la tienda un video de 40 minutos con la exigencia de Bailléres, cómo para que no se olvide quien manda.
Los empleados, sean partidarios del PAN, PRD, PRI, Panal, Verde, MC, PT, Morena, PES no tuvieron otra alternativa. Así lo hicieron. Ahora cunde entre la base trabajadora de El Palacio de Hierro, el miedo, la zozobra, el pánico, la amenaza de obligarse a votar por Meade, de lo contrario perderían su fuente de ingresos.
Desde luego nadie sabrá por quien votaron –a menos que les exijan, además, tomar con su teléfono celular la foto de la boleta presidencial, con la marca en donde aparece el nombre de José Antonio Meade Kuribreña o los logos del PRI/PANAL/VERDE.
No sólo es Bailléres “Totalmente Palacio” el insurrecto electoral, a él se han sumado con el mismo texto en memorándum, carta o mail, los dueños de las siguientes empresas –todas beneficiadas por Salinas de Gortari-: Grupo Comercial Chedraui: José Antonio Chedraui Eguía, Grupo Minero México, Germán Larrea; Cinépolis, Alejandro Ramírez Magaña, Aeroméxico, Andrés Conesa, Coppel, Francisco Coppel Luken; Vasconia, Ramón Elizondo Anaya, Herdez, Héctor Hernández Pons, Grupo Chihuahua, Eloy Vallinas; Leche Lala, Eduardo Turcio Haro, Coca Cola, Manuel Arroyo Prieto, a quienes se integrarán, sin duda, otros, mientras las autoridades multicitadas no den un golpe de autoridad para terminar con las amenazas en contra de sus trabajadores.
En México todos tenemos Libertad de Expresión, pero cuando ésta se acompaña de intimidación, advertencia, miedo, terror, amenaza, pública y abierta, violenta la Ley Electoral, se convierte en Delito… pero esto no lo ven así en Los Pinos, el INE, el TEPJF, la FEPADE, el Senado de la República, la Cámara de Diputados. Ellos… ellos tienen otros intereses, no les importa México, sólo mantener el poder heredado de un sexenio fallido, vergonzante e incapaz.
*Miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión (ANPERT) y de Comunicadores por la Unidad (CxU).
