Nashieli Ramírez Hernández
El 2 de julio pasado, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentó la Recomendación 03/2019 dirigida a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJ) por laomisión de salvaguardar la vida de personas bajo custodia del Estado.
La Recomendación 03/2019 es resultado de la documentación y seguimiento de tres casos en los que la omisión de la PGJ por garantizar la seguridad y la vida de las personas bajo su custodia tuvieron como consecuencia el fallecimiento de tres personas por suicidio, con la respectiva afectación a sus familiares, víctimas indirectas de los hechos.
A lo largo de las investigaciones, la CDHDF documentó la violación a los derechos a la vida y al debido proceso de tres personas, víctimas directas de los hechos, así como al acceso a la justicia y a la integridad personal de ocho víctimas más, familiares de ellas.
Las tres víctimas directas perdieron la vida en circunstancias aisladas entre sí, pero bajo el mismo patrón: los tres casos ocurrieron bajo el resguardo de las autoridades ministeriales encargadas de salvaguardar su seguridad en tanto transcurrían las diligencias derivadas de su detención. En los tres casos se repitieron, de la misma forma, las omisiones de cuidado que resultaron en la pérdida de la vida. Las tres muertes pudieron ser evitadas.
A partir de un análisis de contexto y en sintonía con la jurisprudencia de la Corte IDH, se han documentado las violaciones a derechos humanos identificadas en los tres casos no como hechos aislados y particulares, sino como problemas complejos, estructurales y que requieren de una atención integral.
Respecto a las muertes por suicidio, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que éstaes la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años y que el 79 por ciento de todos los suicidios se produce en países de ingresos bajos y medianos.
Además, la OMS ha advertido de manera reiterada que el suicidio es un grave problema de salud pública. Sin embargo, también ha insistido en que es prevenible mediante intervenciones oportunas de identificación de las poblaciones más vulnerables, dentro de las cuales -afirma- se encuentran las personas privadas de su libertad.
Entre los factores individuales identificados por la OMS como la causa del aumento de tasas suicidas, son el impacto psicológico del arresto que enfrentan las personas detenidas.
Por sí sola, esta información debería de conducir a que la autoridad desplegara medidas de prevención eficaces ante el suicidio. Más aún cuando han sido reiterados los casos en los que las personas en detención se han privado de la vida bajo el mismo patrón de ausencia de vigilancia del personal obligado a ello.
No puede pasarse por alto -y esta es la razón principal que motiva la Recomendación 03/2019- que cuando una persona está detenida, la institución responsable de la detención es garante de su integridad personal. Por esa razón, por la constatación tanto de la persistencia del suicidio en centros de detención como el hecho de que exista la obligación del debido cuidado hacia las personas detenidas, las medidas de prevención y cuidado de las personas en detención debería de ser redoblado.
La Recomendación 03/2019 no es la primera que versa sobre hechos similares. En el año 2009 se emitieron dos recomendaciones por las mismas causas y en 2012 tuvieron que emitirse otras dos por la evidencia de que el suicidio de las personas puestas a disposición del Ministerio Público pudo haberse evitado si en su momento se hubiera dado una vigilancia adecuada por parte de las autoridades a las que se encomendó su cuidado y custodia.
Preocupa que, a pesar de la emisión de las Recomendaciones antes citadas en las que se identificaron hechos similares, en el año 2014 volvieran a suceder los hechos que motivaron esta nueva Recomendación.Aunado a ello, en lo que va del año, notas periodísticas han dado cuenta de suicidios recientes cometidos de la misma forma y bajo la vigilancia de la misma autoridad capitalina.
Lo anterior habla no sólo de omisión de vigilar y salvaguardar, sino además de la ausencia de formación de personal capacitado en identificar y brindar atención a emergencias de esa naturaleza.
En especial, es grave en sí mismo -y es un síntoma preocupante- la falta de internalización de las obligaciones de cuidado que el personal de vigilancia tiene respecto a las personas detenidas. La vida e integridad personal está bajo su resguardo y debe alertarnos que el suicidio prevenible no llame la atención de las personas servidoras públicas para cumplir efectivamente su labor.
Las víctimas indirectas de los hechos que motivaron esta recomendación -familiares de las personas fallecidas- padecieron la falta de información, de acceso a la justicia, el desgaste emocional y económico ocasionado no sólo por la muerte de sus seres queridos sino por las condiciones en que tuvieron que realizar las gestiones para darles el último adiós, algunos enterándose más de una semana después de lo sucedido y enfrentándose a la dificultad de proseguir con el desarrollo de las rutas para el fincamiento de responsabilidades por homicidio culposo.
Ahora toca a la PGJ la aceptación de la Recomendación que contempla, entre otras acciones, la generación y ejecución de un plan integral individual de reparación para seis de los familiares, así como gestiones para que reciban el tratamiento psicológico especializado.
Además, la Procuraduría deberá llevar a cabo actos de reconocimiento de responsabilidad y ofrecer disculpas públicas para algunos de los agraviados y privadas para otros.
Sumado a ello, deberá publicar la Recomendación 03/2019, y elaborar una Ruta Permanente de Prevención y Atención del Suicidio, cuyo diseño e implementación corresponderá ya a la Fiscalía General de Justicia.
