Jaime Calderón
Las imágenes de la tragedia de Tlahuelilpan no pueden dejar a nadie indiferente. Ninguna persona debería morir de esa manera tan terrible, y fueron muchas, más de un centenar, las que perdieron la vida ese día y en los días siguientes como consecuencia de las quemaduras. El análisis —riesgoso, por la impronta emocional y la falta de información publica veraz (a estas fechas) del incidente— debe abordar a mi juicio dos puntos cruciales.
En primer lugar, la imprudencia de las personas que acudieron ahí, incluso con menores de edad, para llevarse la gasolina. Este comportamiento incívico desafortunadamente es característico de la cultura mexicana. Su origen se encuentra en la base ideológica marxista introyectada por los ideólogos de la revolución como Francisco J. Múgica. Amplios sectores de mexicanos se piensan a sí mismos como una suerte de acreedores sociales, explotados por el capitalismo, que requieren reivindicación por parte de la autoridad. El cumplimiento de la ley, en última instancia un instrumento de dominación burguesa, se estima exigible solamente entre las personas de igual condición. Por regla general, estos mexicanos no consideran que transgredir las normas jurídicas sea inmoral, para muchos incluso es un acto de “justicia”. En nuestro país violar la ley puede ser legítimo si se justifica en la debilidad social.
Esta distorsión naturalmente hace que la aplicación coactiva de la norma se perciba muchas veces como un acto de represión. El propio Presidente, forjado política y socialmente en esta tradición, la refuerza con su manejo del lenguaje. Aplicar la ley, aun para proteger la integridad de las personas, es “reprimir”; los que roban combustible son “traviesos”; y la aplicación de la ley le parece inviable, porque la solución es “el apoyo de la gente […] que haya empleo, que haya trabajo para que la gente no se vea obligada a llevar a cabo estas actividades”. Una visión criminológica muy primitiva. Ideología revolucionaria en estado puro.
En segundo término, la actuación gubernamental. El Secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, reconoció que el Ejército mexicano tuvo noticia de la fuga de combustible desde las dos y media de la tarde, es decir, cuatro horas y media antes de la explosión. Esto no fue un accidente, fue un evento que pudo evitarse de muchas maneras, porque tiempo hubo de sobra para hacerlo. Si el Ejército y la policía, ante una situación de riesgo inminente, solo atinaron a advertirle a la gente y luego hacerse a un lado es que algo no funciona. La coordinación para recibir apoyo a solo 70 kilómetros de Pachuca, la capital del estado, fue ineficaz; los protocolos aplicables a estos casos ni siquiera fueron aplicados; y si el Ejército no supo en realidad qué hacer, es porque no le corresponde cuidar ductos ni enfrentar escenarios que exigen estrategias preventivas. Errores humanos, errores seguramente evitables.
El gobierno declaró que la responsabilidad de lo acontecido, corresponde a los gobiernos anteriores, sin embargo, por mucho que el gobierno actual quiera desprenderse de la misma, esta le corresponde.
Si el poder público no se instituye para garantizar la seguridad de los gobernados, aun la de los que incumplen la ley, ¿entonces cuál es su función? ¿Qué legitima el ejercicio del poder público? La Constitución Política de nuestro país señala con claridad este deber fundamental del Gobierno y Derecho Humano que nos corresponde. El Código Penal Federal en su artículo 214, fracción VI, tipifica como ejercicio ilícito de servicio público la siguiente conducta: “Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren bajo su cuidado”.
El Presidente apunta que la actuación del gobierno fue correcta. A mí me cuesta concederle la razón a la vista de los resultados de la omisión.
Nadie puede estar en contra de la intención de combatir el robo de combustible. Esta opinión parece compartirla la población mexicana, que apoya de manera decidida, según las encuestas sobre el tema, la estrategia del titular del Ejecutivo federal. Pero las políticas represiva y policiaca, además de ilegales, serán insuficientes si se pasa por alto una idea económica básica: el huachicoleo existe porque los incentivos están dados para ello. Si alguien abusa de la venta de gasolina es el propio gobierno, que la grava desmesuradamente con el impuesto especial sobre productos y servicios (IEPS). La gasolina en México es cara; lo es de manera artificial, por la vía fiscal, lo que unido al monopolio que de facto mantiene PEMEX sobre la industria estimula actividades ilícitas.
Datos de la Revista Forbesdemuestran que el robo de gasolina aumentó considerablemente en el año 2017, fecha que coincide con la liberalización del precio de las gasolinas promovida por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto. El costo del combustible depende ahora del mercado internacional del petróleo. Al eliminarse el subsidio que enmascaraba su precio verdadero, medida impopular pero necesaria, el robo de gasolina encontró terreno fértil para dispararse. Si la administración lopezobradorista realmente quiere abatir el robo de combustible, no lo conseguirá con policías, militares o transportando el combustible con pipas; la única forma real será disminuyendo el IEPS que lo afecta.
Pero también tendría que aprender que la administración pública es compleja y de múltiples aspectos, no es hacer recortes de personal sin conocer realmente su función, es un balance entre mantener la operatividad del gobierno y optimizar el gasto; no es transferir recursos de un rubro a otro, lastimando a ciertos sectores, ni aumentando el gasto público asistencialista, mucho menos en apoyo a las personas que estuvieron robando el combustible, pues en ello parece haber fines electorales.
Al Presidente parece faltarle capacidad de reconocer errores y ser autocrítico con su gobierno. Tiene la oportunidad de hacer bien las cosas. ¿Estará dispuesto a hacerlo?
