Por Elena Chávez González
El rumor de que el procurador general de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido, está protegiendo a la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia a la Jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, para que no declare ante el Ministerio Público por su probable omisión en el caso de los 19 niños y 4 adultos que perdieron la vida en el colegio Rébsamen, está prendiendo alertas no sólo entre padres de las víctimas, perredistas y abogados, sino también entre los capitalinos que se solidarizan con los deudos y exigen cero corrupción en todos los niveles.
A 10 meses de ocurrido el sismo del 19 de septiembre del año pasado, la PGJDF, por incapacidad o falta de voluntad, no ha citado a ninguno de los funcionarios de la Delegación Tlalpan que fueron denunciados, entre ellos la ahora candidata de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum.
Fuentes oficiales aseguran que el expediente del caso Rébsamen, no del todo integrado, está celosamente guardado en uno de los cajones del procurador Garrido, quien ha dado la instrucción a sus subalternos de alargar lo más posible el tema, a fin de dejar que pase la elección en la que se elegirá al Jefe o Jefa de Gobierno, así como a los integrantes del Congreso local, que de acuerdo a las encuestas favorecería a los candidatos de Morena.
Prueba contundente de la protección del encargado de procurar la justicia en la Ciudad de México es que ni siquiera un DRO (Director Responsable de Obra) en la administración de Sheinbaum ha sido molestado para que rindan su declaración sobre las irregularidades encontradas en la construcción de un departamento privado montado en la estructura de los salones del colegio Rébsamen, donde murieron sepultados los niños y sus maestras.
La opacidad del funcionario tiene dos lecturas: negoció la justicia con la candidata Sheinbaum, en caso de ganar la elección del primero de julio, o tiene órdenes de su aún jefe Miguel Ángel Mancera, para que la investigación se prolongue, pese a las exigencias justas de los padres de los niños para que se castigue a los responsables de la tragedia.
Hace días, integrantes de la Barra Mexicana de Abogados señalaron que sí existe responsabilidad penal de la candidata morenista en la muerte de los niños y sus maestras, pues no se atendieron las medidas de protección civil que la delegación Tlalpan tenía que asegurar en los colegios, sobre todo en el Rébsamen, que ya tenía denuncias por la construcción ilegal del departamento de la directora y propietaria Mónica García Villegas.
Lo que públicamente no se sabe es que Claudia Sheinbaum, al asumir la jefatura delegacional en Tlalpan en 2015, desmanteló la Dirección de Protección Civil con el pretexto de que la estructura de gobierno era muy grande y provocaba un gasto excesivo, por lo que despidió a servidores públicos involucrados en la prevención de desastres.
Ocurrido el sismo del 19 de septiembre, la delegación no tenía el personal suficiente, adecuado y capacitado para rescatar a los niños y las maestras, motivo por el cual ella y sus subalternos tardaron en llegar a las instalaciones del Rébsamen.
Estas muertes no son un tema electoral, como acusa la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia. No es vil, como señala, que uno de los padres, Alejandro Jurado, haya buscado el apoyo de Alejandra Barrales para pedir justicia ante la negativa de la Procuraduría capitalina de llamar a la ex delegada para que rinda declaración como probable responsable por omisión en la tragedia. No es honesto que quiera gobernar a una ciudad cuando no ha sabido administrar una delegación.
¿Qué espera el procurador?
