Lorena Osornio
Seguramente más de uno tuvimos la oportunidad de leer una nota que se hizo viran en internet, la cual alegaba que, en Dinamarca, los beneficiarios de ayudas sociales por parte del gobierno estaban impedidos para participar en las elecciones de aquel país. Esto como una medida político-electoral que evitaba el uso clientelar de programas asistencialistas. Si bien esta nota fue desmentida por la propia embajada de Dinamarca a través de su cuenta de Facebook, lo cierto es que sembró una inquietud en muchos de nosotros que cada día atestiguamos como el actual gobierno monopoliza el asistencialismo y hace de éste su principal herramienta de control político con un claro propósito electoral.
Cuántos de nosotros hemos presenciado o incluso hemos sido víctimas de los chantajes que los políticos (llámense jefes delegacionales -ahora alcaldes-, legisladores locales y federales, regidores y los llamados “líderes” o enlaces de las alcaldías) sistemáticamente aplican con la llegada de los procesos electorales ordinarios o, incluso, cuando se celebran procesos de elección al interior de los propios partidos.
No es novedad que con la llegada de las elecciones cada 3 años, empiecen a aparecer de la nada miles de enlaces de las alcaldías que tocan puerta por puerta para promover la imagen del candidato en turno a la vez que con el pretexto de promocionar diversos programas sociales como becas para niños en edad escolar, apoyos para madres solteras, apoyos en especie como pintura, tinacos, cámaras de seguridad, alarmas vecinales, etcétera, piden datos personales y hasta copia de la credencial de elector. En términos estrictos, esto resulta un delito electoral pues se vincula la promoción personalizada de un actor político con el condicionamiento del acceso a ciertos programas sociales que, por cierto, se pagan con nuestro dinero.
Es justamente porque muchos de nosotros estamos hartos de estas prácticas implementadas por más de dos décadas por parte del PRD en la ciudad y actualmente por MORENA a nivel nacional, que la propuesta señalada al inicio no pareciera tan descabellada. Es evidente que bajo nuestro orden jurídico la propuesta resulta inviable legalmente, ya que el derecho a votar y ser votado es un derecho humano, plasmado en nuestra Constitución y previsto en diversos tratados internacionales que nuestro país ha suscrito y ratificado.
No obstante, sería interesante que los ciudadanos nos pronunciemos al respecto y abramos el debate ya que elección tras elección, si bien en términos formales el voto el libre y secreto, en la práctica y en un buen porcentaje de los casos, el voto es fruto de la coacción que ejercen los políticos mediante el condicionamiento del goce y permanencia de los ciudadanos en diversos programas sociales.
Un dato alarmante al respecto es que, según datos oficiales de la Secretaría del Bienestar, al primer trimestre de 2019 el padrón de beneficiarios (entendidos como el número de personas que recibieron al menos un apoyo por parte de los Programas de Desarrollo Social) ascendía a 76 millones 594 mil 924 personas. Si lo contrastamos con nuestra población total que, según el INEGI es de 119 millones 530 mil 753 habitantes, significa que el 64% de la población es potencialmente víctima directa o indirecta del chantaje electoral de los políticos. Aunado a lo anterior, hay que considerar que el porcentaje de participación en las elecciones ha sido tradicionalmente bajo.
Sin duda, el solo hecho de que esta propuesta cobrara vida haría temblar a los políticos, pues su principal arma para perpetuarse en el poder quedaría sin efectos, al tiempo que esa minoría de ciudadanos que, ante su falta de civismo, venden sus votos intencionalmente a cambio de dádivas, también quedarían desarticulados. Puede incluso ser una medida transitoria que ayude a consolidar una democracia auténtica, alejada de fantasma del clientelismo político de la izquierda mexicana.
¿Usted qué opina?
