Nashieli Ramírez
Cada 17 de mayo, se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, Bifobia y Transfobia en conmemoración de la fecha en que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) resolvió eliminar la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.
Tal eliminación sucedió en 1990 y, en nuestro país, fue hasta el año 2009 cuando se declaró oficialmente el Día Nacional contra la Homofobia. Desde entonces, a lo largo de los años, la referencia de la conmemoración en México se ha modificado en diversas ocasiones. En 2010 fue nombrado Día de la Tolerancia y el Respeto a las Preferencias; en 2014 se modificó a Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia y, el pasado 17 de mayo, fue publicado el decreto por el que se declara Día Nacional de la Lucha contra la Homofobia, Lesbofobia, Transfobia y Bifobia.
Casi 30 años después de la despatologización de la homosexualidad, se da un paso importantísimo para la vida de las personas trans en el mundo pues este 17 de mayo la OMS por fin aprobó la nueva edición de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) en la que por primera vez elimina la transexualidad de los trastornos mentales.
Pasaron muchos años entre la primera eliminación y la segunda; casi 30 años para que la comunidad médica reconociera que ni la homosexualidad ni la condición transgénero son enfermedades.
A pesar de que tanto la homosexualidad como la transexualidad ya no se consideran patologías, el lastre de esa mirada aún permea en la sociedad y sus instituciones. La fobia hacia la población LGBTTTIQA+ lesiona y mata cada día a las personas.
Por esa razón, ni como sociedad ni como instituciones públicas, podemos darnos el lujo de ser pacientes con un reconocimiento consecuente. En esta Ciudad, la homofobia, transfobia, lesbofobia y bifobia no son sólo conductas discriminatorias al ser la causa de que se obstaculicen y nieguen derechos humanos como el trabajo, la salud, educación e incluso la vida, sino que, al serlo, pueden constituir delitos.
A pesar de ello, actos de fobia en contra de las personas LGBTTTIQA+ son cometidos todos los días. Muchos de ellos son actos fatales y es preciso dirigir esfuerzos urgentes para prevenirlos, investigarlos y sancionarlos.
Al día de hoy, por ejemplo, persisten las deficiencias y la falta de voluntad para conocer y dar a conocer las cifras oficiales de homicidios y lesiones en razón de la orientación sexual o identidad de género. La fuente periodística sigue siendo la principal forma de contabilizar tales delitos, pues a pesar de que el artículo 138, fracción VIII del Código Penal del Distrito Federal establece que tanto el homicidio como las lesiones son calificados cuando se cometen por odio, no se conoce el número de investigaciones o consignaciones por esos supuestos.
Desgraciadamente, la causa no corresponde solamente a una falta de publicidad de información, sino que es cultural también pues existe omisión de catalogar de manera adecuada los delitos. Tal situación, a su vez, es resultado de la discriminación institucional y afecta la investigación de los delitos que con frecuencia terminan en la total impunidad.
Sumado a ello, cuando los medios de comunicación reproducen notas sobre los asesinatos por odio con motes como “hombre vestido de mujer”, “crimen pasional”, “por ejercer la prostitución”, entre muchos otros, contribuyen a que persista la idea de que los asesinatos están justificados por responsabilizar a la víctima a partir de prejuicios, estereotipos o una perspectiva moral en particular. Lo anterior contribuye, a su vez, a la impunidad en que han permanecido un sin número de delitos calificados por odio, a pesar de que las instituciones públicas son las encargadas de proteger a las personas y garantizar su derecho a la seguridad y a la vida.
De enero de 2012 a marzo de 2019, la CDHDF ha atendido 194 quejas calificadas como presuntamente violatorias a los derechos humanos de personas pertenecientes a la población LGBTTTIQA+. En conjunto, esas quejas reunieron 370 menciones a derechos humanos vulnerados. Entre los derechos más vulnerados y mencionados en las quejas fueron a la igualdad y no discriminación, seguidos de los derechos de la víctima o personas ofendidas, el derecho a la seguridad jurídica y los derechos de las personas privadas de su libertad.
Como ejemplo de la discriminación estructural que guía aún la conducta de las autoridades ministeriales y sesga las líneas de investigación, el pasado 10 de abril la CDHDF dirigió la Recomendación 01/2019 a la Procuraduría General de Justica de la Ciudad de México por la violación de los derechos humanos de un joven gay que pasó cinco años en la cárcel por un crimen que no cometió, al pasar de ser testigo a inculpado del asesinato de su entonces pareja.
Si bien la Procuraduría ha aceptado ya la Recomendación, aún se da seguimiento al cumplimiento de los puntos recomendatorios para que sean atendidas las causas estructurales que generan tales violaciones a los derechos de las personas, motivadas principalmente por la discriminación en razón de orientación sexual e identidad de género.
Hechos como los señalados no pueden repetirse, las instituciones deben dar pasos comprometidos para salvaguardar la vida e integridad de las personas sin importar su orientación sexual e identidad de género. Al mismo tiempo, deben generar condiciones especiales para la prevención y atención de violaciones a los derechos humanos de las personas pertenecientes a la población LGBTTTIQA+ pues desgraciadamente ambas características siguen siendo detonantes de discriminación y de violaciones focalizadas a derechos humanos.
