Vuelve controversia por fotomultas

El pasado 15 de diciembre de 2015 entró en vigencia el nuevo Reglamento de Tránsito, el cual fue criticado principalmente por reducir el límite de velocidad en la red vial primaria y secundaria de la Ciudad.

Para imponer fotomultas a los conductores de la Ciudad de México por violaciones al Reglamento de Tránsito, el Gobierno capitalino celebró un contrato con la empresa Autotraffic cuya vigencia es del 1 de septiembre de 2015 al 31 de diciembre de 2017.

La velocidad máxima en vías de acceso controlado se estableció en 80 km/hr, para vías primarias en 50 km/hr, y para secundarias de 40 km/hr; cerca de escuelas, hospitales o asilos es de 20 km/hr, en tanto que zonas de flujo peatonal constante es de 10 km/hr.

El Gobierno local defiende su Reglamento de Tránsito con el principal argumento de que esta disminución en la velocidad de los autos salva vidas de peatones y ciclistas.

Sin embargo, los términos bajo los cuales se firmó el contrato suscitaron mucha polémica, pues se establece, según el contrato SSP/BE/S/312/2015 para la subrogación de servicios para imponer multas a través del sistema integral de foto multas, una cuota mínima mensual de 150 mil multas por la duración del contrato.

Además, el Gobierno se compromete a pagar el 46 por ciento de cada multa pagada impuesta por este sistema, con lo cual obtendría un pago máximo de 173 millones 856 mil 311 pesos, IVA incluido, durante la vigencia de contrato.

Las fotomultas que pueden imponerse son por invasión de carril contrario o confinado; identificación del uso de distractores durante la conducción de un vehículo; circular en sentido contrario; realizar vueltas prohibidas; no respetar indicaciones de semáforos y transportar a menores de 10 años de edad en cualquiera de los asientos delanteros.

Autotraffic tambien puede procesar las fotos para determinar las siguientes infracciones: circulación prohibida de vehículos por carriles centrales de la red vial primaria de acceso controlado; invasión de paso peatonal, así como todas las infracciones que se puedan imponer mediante una imagen.

Las fotomultas sirvieron para que integrantes y diputados de los partidos políticos Morena, y Movimiento Ciudadano, exigieran al Gobierno de la Ciudad la suspensión del contrato con Autotraffic, y convocaran a los ciudadanos a ampararse en caso de recibir una infracción por esta vía.

Recientemente, el Consejo de la Judicatura Federal señaló el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, declaró inconstitucionales los artículos 9, 60, 61, 62 y 64 del Reglamento de Tránsito porque violan el artículo 14 constitucional, relativo al derecho de audiencia.

Esto significa, explicó el consejero jurídico y de servicios legales de la CDMX, Manuel Granados, que el efecto del amparo otorgado por el juez sólo se refiere a garantizar el derecho de audiencia al quejoso.

Es decir, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) debe mostrar al quejoso las evidencias en que se basa su multa; se cita al infractor y le muestran las fotos del coche, se le da esa garantía de audiencia y, posteriormente, se le otorga la multa, detalló el funcionario.

En tanto, la SSP informó que está a la espera del resolutivo del recurso de revisión que interpuso ante el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa.

En su sitio en internet, Autotraffic indica que “ha instrumentado los proyectos integrales de Foto-Infracción (exceso de velocidad y luz roja) en los estados de Jalisco, Puebla y Veracruz; y en los municipios de Pachuca de Soto, Aguascalientes y Ocotlán”.

‘Cancelan’ fotomultas senadores… pero libran denuncia

En días pasados, el senador por Morena, Mario Delgado, quien fuera secretario de Finanzas, y luego de Educación en la pasada administración capitalina, y Mariana Gómez del Campo, senadora de Acción Nacional y sobrina del ex presidente Felipe Calderón, cancelaron simbólicamente cámaras y radares en dos puntos de la Ciudad.

La empresa Autotraffic presentó una denuncia ante Ministerio Público por colocar pegatinas en cámaras de fotomultas en avenida Marina Nacional y Carrillo Puerto, y en Eje 2 y Eje Central.

De no tener fuero, los legisladores enfrentarían un proceso por daño doloso a propiedad privada, castigado en la Ciudad con una multa que puede ir de 20 a 150 días de Unidad de cuenta vigente de multa, o cárcel de seis meses hasta tres años.

Puedes checar si tienes multas en el portal de la Secretaría de Finanzas

https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/sma/consulta_ciudadana.php

También puedes corroborar qué oficiales de tránsito pueden infraccionarte

http://www.ssp.df.gob.mx/reglamentodetransito/policias_facultados_infraccionar.html