Alejandro Zúñiga
@TuFantasma
La semana pasada ha sido la más violenta para la libertad de expresión en el México bárbaro que estamos viviendo, en lo que va de 2019.
A la larga lista de delitos y agresiones contra la prensa mexicana se sumaron tres asesinatos, el ataque con bombas a las instalaciones de un diario y el robo de su celular a un reportero, con lujo de prepotencia.
Primero fue asesinado Rogelio Barragán, director del portal de noticias Guerrero al Instante.
Su cuerpo, con visibles huellas de tortura, fue encontrado dentro de la cajuela de un automóvil en el municipio de Zacatepec, Morelos.
Tres días después, el viernes pasado, asesinaron de un tiro al editor del portal de noticias La Verdad de Zihuatanejo, Edgar Alberto Nava López.
Ese viernes, pero más tarde, fue asesinado a tiros el periodista Jorge Ruiz en el municipio de Actopan, Veracruz.
Era corresponsal de El Gráfico de Xalapa y, aunque había denunciado amenazas y había sido atacado, ninguna autoridad le brindó protección.
En medio de esto, la madrugada del pasado miércoles fueron atacadas con bombas molotov las instalaciones del diario digital y semanario impreso Monitor de Parral, en Chihuahua.
De milagro, los cinco trabajadores que laboraban lograron salir ilesos, porque se incendió parte del inmueble.
El director del diario, fundado hace 58 años, difundió que ante la incapacidad de las autoridades para frenar la violencia, dejará de publicar información política.
Otro ataque a la libertad de expresión ocurrió el jueves, cuando el comandante de la policía del Estado de México, identificado como Eduardo Torres Márquez, se negó a devolverle al periodista Humberto Padget su celular.
Márquez le exigió a Padget borrar del teléfono material que había videograbado, pero el periodista se negó.
“Después, con mucha cobardía me pega su cara y me dice: ‘te voy a levantar, hijo de tu pinche madre’”, relató Padget en el noticiero matutino “Por la mañana” que conduce Ciro Gómez.
El punto es que el seudo policía, con más actitudes de delincuente que de servidor público, se quedó con la herramienta, vital para el reportero, pues en su teléfono guarda la materia prima para su labor periodística: agenda, notas, audios y vídeos.
Con los tres comunicadores ultimados la semana pasada, la lista de periodistas asesinados en México alcanzó la cifra de 11 en lo que va de 2019 y 152 del año 2000 a la fecha, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
En 2018, México fue el país sin guerra más violento para la prensa y, lamentablemente, todo indica que se repetirá en 2019.
Lo más grave es que, con el aumento de asesinatos, agresiones y violaciones a derechos humanos contra los periodistas, también crece la impunidad.
Un informe de febrero de la organización Artículo 19 dio a conocer que, de mil 140 investigaciones por ataques a la prensa y a la libertad de expresión en México, en los últimos ocho años solo se dictaron 10 sentencias condenatorias.
Esto significa que el 99.13% de las agresiones y asesinatos de periodistas quedaron impunes, lo que revela que la libertad de expresión es letra muerta en buena parte del país.
Hacer periodismo en Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, entre otros estados, opinan decenas de reporteros, se ha convertido en una sentencia de muerte.
No está mal reformular el modelo de comunicación oficial, desmitificar la otrora intocable figura presidencial y desterrar viejas prácticas, pero lo más urgente para el Estado debería ser garantizar la libertad de expresión.
En lugar de ocuparse de reclamar a los medios no portarse bien con el gobierno, la 4T debería delinear una estrategia para frenar la impunidad contra la prensa.
La impunidad es el motor que alimenta la violencia y la brutalidad contra la libertad de expresión.
No olvidemos que un ataque contra el periodismo, es una agresión contra la libertad de expresión de todos. La tuya y la mía.
