Lorena Osornio
Durante más de 12 años los mexicanos tuvimos que soportar, voluntaria o involuntariamente, repetitivos discursos políticos del actual presidente de la república centrados en el respeto a los derechos de las personas y la atención de las causas sociales como la solución a todos los problemas que, junto al combate a la corrupción, llevaría a México a obtener la paz y el progreso que tanto añora.
Fue precisamente en los debates previos a la elección que le dio el triunfo electoral a AMLO que él mismo enfatizó el respeto y atención a las causas como un eje de su política de gobierno. Actualmente, a 6 meses de iniciada su administración, no se ha visto el respeto ni a los derechos de las personas, ni la atención a las causas sociales que tanto predicó. Lo que hemos visto es que se pretende dar por cumplido ese compromiso con la dádiva de migajas consistentes en apoyos económicos a ciudadanos pertenecientes a sectores vulnerables, a cambio del desmantelamiento de las instituciones y de los programas sociales que ya existían.
Causas como la transparencia y rendición de cuentas que de hecho ya son principios generales de la administración pública, han sido violentados sistemáticamente por el actual gobierno en todos sus niveles. Para ilustrarlo basta con señalar la “partida presupuestal secreta” que los aplaudidores del presidente le aprobaron en el Senado.
Otro gran ejemplo reciente son las manifestaciones emprendidas por la Policía Federal, cuyos elementos acusan, como en su momento lo han hecho servidores públicos de otras dependencias, que se les pretenden imponer nuevas condiciones de trabajo, sin garantizarles el acceso a sus derechos laborales como el respeto a su antigüedad y algunas prestaciones a las que tenían derecho. En el peor de los casos, se han denunciado y hasta documentado despidos ilegales pues el gobierno no respeta el pago de indemnizaciones, en franca violación a los derechos laborales y humanos.
Pero sin duda una de las causas más sentidas y que cobra mayor relevancia en estas épocas de supuesta austeridad, es la de retirar los privilegios a los partidos políticos, pues no han sido objeto de la implacable política de recortes y ahorros que AMLO si nos ha aplicado a los ciudadanos, principalmente en el sector salud, cultural y deportivo.
En este espacio he señalado el multimillonario costo que constituye para los ciudadanos el sostenimiento de instituciones políticas que fuera de representarnos, han sido espacios para albergar personajes corruptos y que su única preocupación es lograr un cargo público para vivir del presupuesto y sacar los mayores beneficios para sí o sus cercanos.
Para darnos una idea de la fuga de recursos que representan los partidos políticos para la economía nacional, me ayudaré de datos oficiales del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. Dicho documento, en su anexo 5.A asigna al IMSS una cantidad 3,971.7 millones de pesos para la construcción de 3 hospitales generales en Nayarit, Chiapas y Estado de México, y 1 hospital regional en Nuevo León; mientras que los partidos políticos obtendrán casi 5 mil millones de pesos.
Como ciudadanos qué preferimos, pagar el salario a líderes políticos que toda su carrera han desaprovechado la oportunidad de hacer algo por y para los mexicanos, o invertir esos recursos en más hospitales y escuelas públicas. La respuesta es simple, los ciudadanos estamos cansados de que nuestros impuestos terminen pagando los privilegios y lujos de los políticos, mientras que actualmente el IMSS y el ISSSTE informan a sus derechohabientes que, debido a la austeridad, los servicios que otorga se van a retrasar aun más.
Mientras siga existiendo desabasto de medicamentos, instalaciones educativas precarias, falta de inversión en ciencia, deporte y cultura, los ciudadanos no podemos seguir costeando la existencia de los partidos políticos. Es por ello que continuaré exhortando a que los ciudadanos nos sumemos a la exigencia de retirar el financiamiento público a los partidos.
