México tiene una historia muy rica en materia de migración laboral hacia los Estados Unidos de Norteamérica. Por décadas, ese flujo migratorio se reguló de manera satisfactoria para ambas naciones; trabajadores mexicanos se desplazaban de manera temporal, legal y planificad y , recibían pagos que les permitían, además de generar algunos ahorros, la posibilidad de adquirir vehículos de segunda mano, lo que representaba un ganar ganar para todos, ya que los norteamericanos encontraban un mercado furtivo para sus unidades usadas y nuestros compatriotas adquirían vehículos en buen estado a un buen precio, y en esos vehículos retornaban a sus estados de origen a hacer sus vidas hasta que les tocaba regresar a su siguiente ciclo laboral en aquel lado de la frontera.
Evidentemente, ese fenómeno se repetía en los estados de tradición migratoria como Guanajuato, Zacatecas, Michoacán, Sinaloa o Jalisco, en los que se veía una gran cantidad de vehículos circulando con placas norteamericanas, ya que no se requería de algún proceso específico de importación legal. Cifras más o menos estandarizadas, registraban que tan solo en 1997, un incremento de 700 mil unidades, pero en 2001 esa cifra sobrepasó el millón y medio de unidades.
A ello habrá que agregar un fenómeno que se dio a partir de los años noventas del siglo pasado: la permisividad colectiva a grupos organizados campesinos, quienes argumentaban que requerían de camionetas para realizar sus labores cotidianas. A la fecha es común observar en muchos estados de la República, camionetas que circulan de manera tolerada por las autoridades locales, las cuales carecen de placas, tarjetas de circulación, etcétera. Desde el punto de vista económico puro, el fenómeno se justifica solo ya que mientras en Estados Unidos se venden estas unidades desde los 500 hasta los 2000 dólares, en México se negocian hasta más del doble de estos costos, además de resultar innovadores para un mercado vehicular como el nuestro.
Por lado del consumidor, aunque pague el doble del costo, el mismo sigue siendo muy inferior al costo de un vehículo comercializado en nuestro país, además de que se evita problemas como el pago de derechos, tenencias, impuestos, etc.
Obviamente, quien más pierde es la industria automotriz nacional, que resulta víctima de una competencia desleal. La semana que recién concluyó, el presidente anunció que iniciarían un proceso de regularización de autos “chocolate” como se les conoce en el argot automovilístico. Si bien es cierto que su argumento es inobjetable, ya que es necesario que todos los vehículos que circulen en el país estén debidamente identificados y asociados a un dueño, por razones de seguridad, también lo es que no considera que esto representará un nuevo golpe a la industria automovilística mexicana, ya que muchos compatriotas preferirán comprar un vehículo usado norteamericano que un mexicano nuevo, lo que disminuirá las de por si golpeadas ventas post pandemia. Adicionalmente, habrá que ver si las tarifas de “regularización” compensarán la reducción del ISAN y los ingresos por conceptos como la tenencia vehícular. ¿Estamos ante otra medida inmediatista pero sin un análisis de consecuencias secundarias? El tiempo lo dirá.
