Este fin de semana, los seis estados de la República donde se realizaron elecciones para renovar gobernadores, alcaldes y diputaciones locales vivieron una invasión inusitada de chilangos, por cierto, con la chequera abierta.
Aunque desde algunas semanas atrás los habitantes de Aguascalientes, Durango, Tamaulipas, Oaxaca, Hidalgo y Quintana Roo habían notado la hiperactividad chilanga en sus terruños, ayer de plano fueron hordas las que se movieron en esos lugares.
El asunto es que los partidos movilizaron a sus dirigentes para apoyar a sus respectivos candidatos, aunque los que se volaron la barda fueron los de Morena, que incluso movilizaron a diputados y funcionarios de la CDMX para esas tierras.
Es algo que siempre se ha hecho, pero al menos deberían enviar a sus mejores elementos, para no mostrar tan feo el cobre.
Un caso específico ocurrió en Durango, a donde los morenos enviaron diputados locales, pero no aplicaron el derecho de admisión y se colaron verdaderas lacras que, además de inoperantes, sólo se quemaron.
Por ejemplo, Octavio Rivero y Janecarlo Lozano fueron tan burdos que la policía de Lerdo los atrapó una noche antes de las elecciones cargados de efectivo y con un listado de probables votantes.
No pararon en la cárcel porque algunos de sus cómplices pidieron auxilio e incluso llegó la mismísima candidata morena a gobernadora, Marina Vitela, quien se subió a la patrulla para evitar que se los llevaran.
Si bien libraron el bote, pues no tienen fuero, Lozano cometió la torpeza de exhibirse en las redes sociales como el golpeador en que Morena lo ha convertido en el Congreso de la CDMX.
Por supuesto que fueron también otros morenos, pero esos sí a operar sin exhibirse, que es como más pueden ayudar a sus aliados.
Por el lado de los panistas, se concentraron más en enviar equipos de abogados, sobre todo a los estados donde preveían una batalla cerrada, pues está claro que, al menos, la mitad de las seis elecciones acabarán en tribunales.
Pero mientras todo el mundo está metido en el tema electoral del fin de semana, casi desapercibidos pasaron dos temas importantísimos en la capital. Uno es el aplazamiento de la audiencia para imputar a presuntos responsables de la tragedia en la Línea 12, que iba a ser hoy.
Y el otro es la denuncia contra el titular de Desarrollo Urbano y Vivienda, Rafael Gómez Cruz, presuntamente por abusar sexualmente de una joven a quien ofreció trabajo.
Este tema debería ser vital para el gobierno capitalino, pues en el ambiente de agresión a las mujeres que se vive en el país no pude permitir que este tipo de señalamientos en contra de uno de sus funcionarios sea ignorado.
Lo que procedería es que Gómez Cruz sea destituido y puesto ante un Ministerio Público para que responda a las acusaciones.
CENTAVITOS
Y en temas más comunes, es el colmo que la Secretaría de Gobierno de la CDMX no pueda operar siquiera un tema tan sencillo como la siembra del ahuehuete en la exglorieta de La Palma. Claudia Sheinbaum tuvo que retrasar su evento, debido a que familiares de personas desparecidas organizaron una protesta matutina para exigir la aparición de sus seres queridos. No hubo ni una sola mesa de negociación, a pesar de que todo el mundo sabía de la protesta; simplemente se les ignoró. Cuando se supo quién tendría que haber hecho la chamba se entendió todo: Ricardo Ruiz, a quien sus compañeros del Congreso local llamaban El Mandibulín, por aquello de “nadie me respeta”.
