Javier Ramírez
En palabras del canciller Marcelo Ebrard, de no haberse devuelto a Ovidio Guzmán López al Cártel de Sinaloa el jueves pasado, se hubiera ocasionado la muerte de por lo menos 200 personas.
Es un número impactante de fallecidos, y sin duda hubiese cimbrado y marcado a la cuarta transformación.
Pero lo dicho por uno de los secretarios de Estado más cercanos, quizá el más, con el mandatario, acarreó más dudas que explicaciones: de dónde, cómo, o quién le compartió ese número de muertes.
¿Cómo llegaron a esa cifra, cuántas horas de refriega representaba, cuántas bajas militares se proyectaron; acaso la ventana de oportunidad que se abrió para detener a Guzmán López se limitó únicamente a él, podrían haber abatido o detenido a buena parte de los jefes del sicariato sinaloense, el mayo Zambada estaba en la ciudad y podría habérsele detenido, qué significaba todo ello en términos de debilitar, tal vez desmantelar, al Cártel de Sinaloa?
Son interrogantes que al parecer no se sabrán, quizá porque ni el propio gobierno federal tiene las respuestas.
A la luz de los hechos, pareciera que entraron en pánico, y la decisión fue tomada sin consultar al Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, quien no tuvo más remedio que declarar que la avaló.
Una decisión de ese tamaño sin duda pone a prueba el temple de cualquier gobernante, pero si acaso se busca respaldo más allá de los incondicionales y zalameros colaboradores del Presidente, se necesita dar detalles de los elementos que tuvo a su alcance para avalar la liberación de un presunto peligroso delincuente.
La completa falta de comunicación que mostró el gobierno federal en Culiacán, convertido en campo de batalla durante horas, no quedó sólo ahí, sino que se ha ido mostrando durante los días siguientes, así como el nivel que alcanza en el gobierno de México.
El Presidente diciendo que había una orden de aprehensión con fines de extradición sobre Ovidio Guzmán, su sub secretario para América del Norte, Jesús Seade, expresando horas después que si hubiera tal, la recordaría, pero no estaba del todo seguro que existiera.
Antes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Arturo Durazo, comentando que no pudieron asegurar al chapito porque no llegaba la orden de aprehensión.
El ridículo exhibido únicamente es equiparable al cinismo con que defienden lo indefendible, desde el propio Jefe del Ejecutivo Federal hasta sus secretarios de Estado.
Sin duda la batalla en Culiacán marcará el fin de la República del amor que quería instaurar López Obrador como vía para el control de la inseguridad en el país, y que tanto pregonó como candidato presidencial, y estos primeros meses de gobierno.
Ahora será improbable, que no imposible, que López Obrador apele a un llamado a las abuelas o madres de los delincuentes, para que por favor no los dejen salir con sus armas de asalto ni los dejen juntarse con sus amigos del cártel, porque asustan y generan confrontaciones innecesarias con el gobierno federal, que tanto los quiere y quiere ayudarles, porque también son pueblo.
Pero a como van las cosas con esta 4T, aún falta mucho por verse.
