Jorge Alberto Lara
En su conferencia matutina del martes 7 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el mecanismo de cooperación y asistencia existente entre los gobiernos de Estados Unidos y México, denominado Iniciativa Mérida no continuará. Lo anterior lo refirió en los siguientes términos: “Lo de la Iniciativa Mérida queremos que se reoriente por completo. Porque eso no ha funcionado. No queremos cooperación para el uso de la fuerza, queremos que haya cooperación para el desarrollo. No queremos la llamada Iniciativa Mérida.” Enfatizó además que el gobierno de México está realizando una propuesta de Plan de Desarrollo para el sureste y los países centroamericanos.
Dicha afirmación se da horas después de que el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, indicara que se buscaría que los recursos económicos de la Iniciativa Mérida se destinaran a financiar la Guardia Nacional. En tal sentido, se deja ver otra vez una contradicción entre el jefe del Poder Ejecutivo y sus colaboradores.
Semanas antes, representantes del gobierno de los Estados Unidos señalaran que existía la disposición de auspiciar la creación de la Guardia Nacional, a través del proceso de cooperación de Iniciativa Mérida.
Si en efecto se cancela la Iniciativa Mérida, considero que se estaría cometiendo un error. Desde luego que ese mecanismo de colaboración ha tenido fallas y por lo mismo es perfectible, incluso se podría someter a una revisión a fondo, pero sin quitarle el enfoque estratégico que tuvo desde sus inicios.
Cabe recordar que el esquema bilateral tuvo como finalidad el cambiar los términos de relación en materia de seguridad, combate al narcotráfico y al crimen organizado, entre los Estados Unidos, México y los países de Centroamérica en el año 2008.
Durante los años previos, los Estados Unidos había desarrollado una política estrictamente unilateral, responsabilizando a México y los países de la región de la problemática del trasiego de droga hacia su territorio. El paradigma de los años ochenta y noventa fue el del proceso de certificación que realizaba el gobierno de los Estados Unidos, al emitir una calificación para evaluar el grado de colaboración de los países en que se traficaba la droga hacia su territorio. La emisión de la calificación unilateral se significó en muchas veces por señalamientos de parte de diversos sectores del gobierno y el congreso de los Estados Unidos respecto de la corrupción o la violación de derechos humanos en nuestro país. Ese modelo complicaba aun más las relaciones de México con la Unión Americana y colocaba al país en una especie de banquillo de los acusados, estando siempre a la expectativa sobre si éramos merecedores de la certificación y los consiguientes programas de apoyo o no.
La Iniciativa Mérida fue la consolidación de un nuevo mecanismo, en el que los Estados Unidos se haría corresponsable tanto en el discurso como en los hechos de la problemática del mercado hemisférico de drogas y su papel como país consumidor.
Los primeros acercamientos entre el gobierno de George Bush hijo y la administración del presidente Felipe Calderón no estuvieron exentos de complicaciones. Uno de los temas que casi provocaron que se abortara la Iniciativa Mérida fue la exigencia de volver a medir estándares del desempeño de las instituciones de México por parte de congresistas norteamericanos. En aquel momento el Secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, rigidizó la postura de México y la contraparte tuvo que flexibilizar su posición.
Considero que la Iniciativa Mérida debe revisarse, pero no se debe abandonar lo que se ha avanzado en corresponsabilidad e intercambios y asistencia en la delicada materia entre ambos países. De darse por finalizado el esquema, que incluye la provisión bilateral de información, el crimen organizado trasnacional sería el único ganador.
