Por Hugo Morales Galván
La relación entre el Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador y las Fuerzas Armadas de México (FFAA), de las que será Comandante Supremo, avizora una crisis de gobernabilidad de largo alcance, si no es capaz de convertirse en un Estadista, y deja en el olvido al político opositor en campaña, cuyas señales a los cuarteles militares, son inquietantes. No quiere a militares cerca de sí, ni en su vida pública ni privada. No entiende que desde ahora su seguridad es ya un asunto de Seguridad Nacional. Se trata del Jefe del Estado mexicano. Nada más.
Una bofetada para los mandos militares es que los elementos del Estado Mayor Presidencial se integren a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y que la seguridad de López Obrador corra a cargo de un grupo de 20 personas “grandotas” (Tatiana Clouthier, con Carlos Loret, 10 de agosto). Personas sin capacidad ni preparación dirigidas por un empresario restaurantero.
El Comandante Supremo de unos 300 mil militares de tierra, mar y aire, les manda decir que no los necesita. Prolonga su desprecio, expresado en distintos momentos de sus tres campañas electorales y con más énfasis en la recién concluida. Por la intervención del Ejército en Tlatlaya (que será otra historia a partir de su gobierno) y de un operativo de la Secretaría de Marina en Nayarit, les llamó “represores del pueblo”, los inculpó de violar los derechos humanos, de cometer masacres y asesinar a menores de edad.
El 19 de marzo del 2017, en un mensaje en twitter, aludiendo a esos casos, dijo que “Respeto a las Fuerzas Armadas; los soldados son pueblo uniformado, cuando triunfemos no se utilizará al Ejército para reprimir al pueblo”.
De manera inusitada, el Ejército salió a responderle. En nombre de las Fuerzas Armadas, el general José Carlos Beltrán, Director de Derechos Humanos de la Defensa Nacional, señaló que “en la Sedena, ante descalificaciones, rechazamos enfática y contundentemente estos señalamientos de diversos orígenes (https://www.huffingtonpost.com.mx/2017/03/23/la-respuesta-de-la-sedena-a-amlo-que-evidencia-una-mayor-partici_a_21928638/
Por muy democrático que haya sido el proceso electoral mexicano y por más que Morena presuma de haber conseguido el voto de más de 30 millones de personas, no quita la estaca clavada en el orgullo de los militares las afrentas del ahora Presidente Electo. A través de voceros oficiosos y especialistas en temas de seguridad, envían sus mensajes de molestia y rechazo.
La pretención de que dos elementos en retiro (el general Audomaro Martínez Zapata, tabasqueño de 69 años de edad, y el Vicealmirante José Manuel Solano Ochoa) sean los titulares de la Sedena y de la Semar crispa a los actuales mandos. Si falto de tacto, López Obrador insiste en imponer su decisión vamos a tener un conflicto de consecuencias imprevisibles. Debemos suponer que valorando qué gana y qué pierde, cederá ante el poder real de los militares y elegirá a los titulares de ambas ramas de las ternas que le presenten el General Salvador Cienfuegos y el Almirante Vidal Soberón.
Dos casos más anuncian que no habrá Luna de Miel entre las partes: la resolución judicial que ordena reabrir el caso de Tlatlaya, Estado de México, donde presumiblemente fueron ejecutadas 22 personas a manos del Ejército. Y su compromiso expreso de resolver el caso de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Si las investigaciones de la CNDH y el GIEI-CIDH tienen razón, militares serán inculpados por estar involucrados en la ejecución y desaparición de personas.
¿Hasta dónde están dispuestas las FFAA de permitir una situación de esta naturaleza? Es incierta la respuesta tomando en cuenta que cuando el GIEI quiso interrogar a elementos del 27 Batallón de Infantería en Guerrero por el Caso Ayotzinapa, el General Cienfuegos desconoció las obligaciones del Estado mexicano y de su representante, el Presidente Enrique Peña Nieto, con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al rechazar que “extranjeros” quisieran interrogar a “sus” elementos.
¿En verdad AMLO resolverá la desaparición de los 43 jóvenes? ¿En que momento los mandos castrenses permitirán que autoridades civiles y “extranjeras” puedan interrogar a elementos del Ejército? ¿Dejará satisfechos a los familiares de las víctimas? ¿También les pedirá que perdonen, aunque no se esclarezca lo sucedido ni haya castigo para los culpables?
Terminó la campaña electoral. Es hora de gobernar con la realidad. Bienvenido.
