Martín de J. Takagui
En forma inédita, México inició un proceso de repatriación masiva de migrantes procedentes de la frontera sur de nuestro territorio. La Guardia Nacional con seis mil elementos desplegados, hará tareas de patrulla fronteriza.
México no cuenta con una política migratoria moderna que responda a las condiciones actuales del mundo, tampoco tiene la tecnología ni la infraestructura para controlar entradas, salidas repatriaciones y toda clase de instrumentos para mantener un control migratorio eficiente.
Se trata de un problema que viene mucho más atrás del 1 de diciembre y de octubre de 2018, cuando entró a México, después de un portazo en la frontera de Ciudad Hidalgo, Chiapas, la primera caravana de migrantes hondureños.
Después de casi ocho meses, han cruzado esa frontera de manera legal e ilegal, al menos 800 mil inmigrantes, que tienen como objetivo llegar a Estados Unidos a través nuestra frontera.
Hasta antes de octubre pasado, los flujos migratorios eran de mil personas al día, según datos de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, 350 mil migrantes al año, que ya eran un problema para las autoridades migratorias norteamericanas. Desde la administración de George W. Bush, a principios de este siglo, se comenzó a pedir la ayuda de México para frenar a los caminantes.
En este año, se estima que más de un millón de migrantes habrán de cruzar todo México, para llegar a la frontera norte; sin embargo, ya no serán suficientes las capacidades físicas ni humanas de contención, ni la actual política migratoria con su siempre hospitalaria apertura que se ha visto desde 1939 cuando inició el éxodo español en el gobierno de Lázaro Cárdenas.
México tampoco tiene la capacidad de procesar por decenas de miles, las solicitudes de refugio por medio de la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (COMAR), dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Todo lo anterior es historia, pero hay que ver para el frente. La semana pasada, el canciller Marcelo Ebrard tuvo que viajar a Washington para tratar de contener la decisión presidencial de Donald Trump de imponer aranceles de cinco por ciento a todos los productos procedentes de México y luego de cuatro días de antesala, incluyendo el fin de semana, se anunció el logro de acuerdos.
El viernes, el presidente López Obrador encabezó una “marcha de la dignidad” por las principales calles de la ciudad fronteriza de Tijuana, en donde logró el respaldo de miles de servidores públicos, líderes de organizaciones, legisladores y miembros de la sociedad civil organizada.
Ahí se anunció con bombo y platillo que nuestro flamante secretario de Relaciones Exteriores logró un acuerdo que pudo frenar la imposición de aranceles que debía entrar en vigor el pasado lunes 10 de junio.
El aplaudido canciller no informó públicamente que había un acuerdo secreto, pero la mañana del lunes, México se despertó con dos tuitazos de Donald Trump, que pusieron al descubierto que había otra parte de la negociación que el Congreso de México, tenía que aprobar. Traducido al mexicano, desde mi punto de vista: “México se comprometió a hacer una ley en la materia”.
Sí. Una ley migratoria punitiva, que ponga el garrote en las manos de las autoridades migratorias y que obliga al respaldo de la Guardia Nacional, una nueva ley migratoria, semejante a la que opera en Estados Unidos, con infraestructura, tecnología y policías o Guardia Nacional debidamente capacitada.
Soberanía legislativa vulnerada por segunda ocasión en los siete meses de gobierno del presidente López Obrador: La primera fue la reforma laboral, moneda de cambio para la aprobación del Tratado Estados Unidos- México- Canadá, el cual sustituyó al Tratado de Libre Comercio.
Aunque se negó, México podrá convertirse en el “tercer país seguro” para los refugiados, que no es otra cosa más que una sala de espera de los solicitantes de refugio en Estados Unidos, a quienes se les tendrá que ofrecer la reunificación familiar, un lugar dónde vivir, seguridad social y condiciones dignas de protección, como lo establece la Convención de Ginebra de 1951 y la Declaración de Cartagena Sobre Refugiados.
La crisis no se evitó, como lo anunció López Obrador el problema comercial y económico está en pausa, pero lo que apenas inicia es la posible crisis migratoria, que puede convertirse en crisis humanitaria.
