Arturo Páramo
Estrictamente hablando, la consulta ciudadana planeada por el presidente electo para este 24 de noviembre no tiene sentido.
No hacerlo una vez siendo presidente en funciones a la luz de la ya existente ley de Participación Ciudadana demuestra que Andrés Manuel López Obrador busca evadir cualquier candado legal para ratificar sus ofertas de campaña.
Aguardar los tiempos y requerimientos que le impondría la Ley sería inaceptable para el tabasqueño, como, por ejemplo, esperar a que sea organizada por el INE, o que se alcance un mínimo de votación para que el resultado sea vinculante.
Los diez puntos de la consulta ya son decisiones tomadas. El Tren Maya ya existe en proyecto conceptual. La refinería en Dos Bocas ya tiene un terreno para edificarse. Cada semana el futuro secretario de Agricultura, Victor Villalobos visita a productores que están dispuestos a participar en la plantación del millón de hectáreas de árboles frutales o maderables. Los programas sociales ya están en proceso de inclusión en el presupuesto de 2019.
Cuando se consulta legalmente a la ciudadanía se le plantea una decisión en un problema específico, en tanto que en la boleta que se utilizará el próximo sábado, se tendrá una batería de diez opciones.
Como se estableció en este espacio hace semanas, una de las intenciones de López Obrador en esta transición era mantener a sus simpatizantes movilizados, ya sea mediante consultas en las que se involucra a la militancia de Morena, o con una gira de agradecimiento, o realizando mítines como el anunciado para la tarde del 1 de diciembre en el Zócalo tras su toma de protesta.
Estrictamente hablando, el Plan para La Paz y La Seguridad anunciado por López Obrador hace una semana significa la continuidad en la permanencia de la milicia en la calle desarrollando labores de seguridad pública.
Organizaciones sociales y organismos internacionales se han manifestado en contra de esa continuidad, pero, sobre todo, han lamentado que se deseche la tarea de capacitar y modernizar a las policías estatales y municipales fue dejada de lado en la estrategia. Simplemente, no se contempla. La oposición legal que habrá a ese Plan anunciado por el gobierno electo abrirá una nueva discusión sobre los alcances de la milicia en labores de seguridad que muy probablemente llegue a la Suprema Corte de Justicia de La Nación.
El pasado lunes se anunció el nombramiento de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa e López Obrador como presidenta del Consejo Asesor Honorífico del proyecto Memoria Histórica y Cultural de México.
Estrictamente hablando, no se trata de nepotismo porque no tendrá un cargo en la administración pública, ni ejercerá presupuesto ni tendrá salario. Sí resulta polémico, sin embargo, que tras haber insistido en que no habría miembros de su familia en el próximo gobierno, haya optado por su esposa para ese puesto honorario, cuando en el grupo afín a él hay importantes intelectuales, académicos y especialistas en historia y arte que pudieran haber ocupado ese cargo.
En la presentación del proyecto, por cierto, estuvo presente Carlos Slim, poniendo en duda que haya un enfrentamiento con López Obrador por el tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, que, por cierto, sigue su construcción en tanto ejidatarios de Santa Lucía preparan una lucha legal para defender sus tierras.
Estrictamente hablando, el sexenio de López Obrador iniciará dentro de diez días con su toma de protesta y con un mitin en el Zócalo de la Ciudad de México y un festival musical, sin embargo, estos meses serán recordados por que el futuro presidente ha demostrado que empleará cualquier herramienta para cumplir lo que ha ofrecido y para concretar su proyecto de país, y por haber sido el periodo de transición más hiperactivo en la historia reciente del país.
El futuro presidente ha anunciado que su sexenio será histórico y eso no significa, estrictamente hablando, que sea para mejorar la economía, las condiciones de vida de la población, o la seguridad de los mexicanos.
El alza de las tasas de interés anunciada por el Banco de México, la baja en la estimación de empresas calificadoras de deuda pública, y el alza de más de un peso en el costo del dólar en este periodo de transición dan cuenta de que el inicio de sexenio ya está costando caro al pueblo de México.
