Javier Ramírez
El martes 16, luego de la difusión del memorándum emitido por el Presidente López Obrador en el que instruía a tres de sus secretarios a violar la ley para dejar sin efectos la reforma al sistema educativo vigente desde 2013, además de la incógnita de en qué estaría pensando el mandatario al firmar semejante pifia, se sumó la interrogante de qué pasaría por la mente de varios de sus funcionarios de primer nivel en su gabinete.
En esta ocasión ocurrió prácticamente lo mismo que con la carta que envió al rey de España en la que solicita una disculpa por los abusos cometidos durante la Conquista, pues como hizo con el canciller Marcelo Ebrard, no tuvo ni siquiera la cortesía de advertirle a nadie de lo que estaba por hacer.
Nadie lo admite, pero la misiva tomó por sorpresa a Ebrard, el hecho nada le gustó, y lo demostró a su manera al esperar el mayor tiempo posible para salir a apuntalar el yerro del Presidente.
Ahora, todo apunta a que López Obrador operó exactamente de la misma manera para el asunto del memorándum, pues no puede entenderse que su secretaria de Gobernación, y ex magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero, o su consejero jurídico, Julio Sherer, no le hayan prevenido de la garrafal equivocación jurídica que significa el controvertido documento.
Hay versiones de que Sherer llevaba dos días fuera del país para cuando se emitió el memorándum, aun así, alguien de la consejería jurídica debió estar en la reunión donde se decidió la publicación del documento, y dar aviso al consejero.
Ignorancia o desconocimiento de la ley es lo que menos puede endilgársele a López Obrador, lo dijo claramente la diputada federal por el PRI, Dulce María Sauri Riancho, el mismo martes por la tarde: gobernó cinco años la Ciudad de México, y tres veces fue candidato presidencial; lo que mostró el Presidente fue prepotencia, pero trambién cálculo político.
El lunes había dicho que el miércoles emitiría el decreto que abrogaría la reforma educativa del sexenio anterior, sin embargo, lo adelantó un día, a sabiendas que esa semana que recién concluyó, el tema no podría durar tantos días sin declaraciones que lo mantuvieran en los medios, y los días de asueto desactivaron esa posibilidad.
Lo cierto, y lo saben hasta los pejistas más pejistas, el memorándum es indefendible por la vía jurídica, pretende ignorar al Poder Legislativo y asumirse como un supra poder capaz de adjudicarse las facultades del resto de los Poderes de la Unión.
El tamaño del desliz presidencial obliga a preguntarse si López Obrador convocó una reunión antes de una decisión de tal magnitud, o ¿pensará que no necesita el consejo de nadie para hacer lo correcto?, o ¿será que hacer lo correcto para el Jefe del Ejecutivo significa que puede violarse la ley?
Las respuestas a esas interrogantes se irán respondiendo poco a poco en los siguientes meses y años.
O antes, si es que algún secretario o funcionario de primer nivel entiende que nada, o muy poco se puede hacer cuando se es ignorado, o no se le toma en cuenta para las decisiones importantes o controversiales, y sólo le quede operar control de daños por las malas decisiones presidenciales.
Piquete de ojos
Poco a poco, los diputados federales que abandonaron el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados y se erigieron como diputados sin partido, han comenzado a ocupar lugares en las distintas comisiones legislativas.
Ricardo Gallardo, el ex coordinador de la bancada perredista ocupa una secretaría en la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; Luz Estefanía Rosas, tiene la suya en la comisión de Transparencia y Anti corrupción; Héctor Serrano, tienes dos secretarías, una en la comisión de Radio y Televisión, y otra en la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.
Mauricio Toledo cuenta con una secretaría en la comisión de Gobernación y Población; Carlos Torres, es secretario en la de Vivienda, y el ex vocero de la fracción del PRD, Emmanuel Reyes Carmona, alcanzó lugar como secretario de la comisión de Salud.
La única que falta por colocarse en alguna comisión, es la ex magistrada en Guanajuato, Lilia Villafuerte, quien siendo parte del grupo parlamentario del PRD ocupaba una secretaría de la Mesa Directiva de San Lázaro, pero el espacio fue peleado por la actual coordinadora del sol azteca, Verónica Juárez, y ganado para colocar en él a Mónica Bautista.
