La utopía está en el horizonte.
Camino dos pasos, ella se aleja
dos pasos y el horizonte se corren
diez pasos más allá.
¿Entonces para qué sirve la utopía?
Para eso, sirve para caminar.
Eduardo Galeano
Nashieli Ramírez Hernández
La Ciudad de México lo tiene todo para reconstruirse a través de mecanismos reales y concretos, para lograrlo, es imprescindible que la ciudadanía se ponga al centro de las decisiones democráticas y que tenga y ejerza poder a través de su participación y opinión.
La Participación Ciudadana se debe de concebir como un derecho humano, por ello es importante que las personas que toman decisiones referentes a los derechos reconocidos en la Constitución, interactúen directamente con quienes enfrentan día a día las barreras estructurales y la discriminación que limitan el ejercicio de su derecho a la participación política y social.
El ejercicio que realizó la Asamblea Constituyente de esta Ciudad al garantizar el derecho a la consulta de las personas de identidad indígena y a las organizaciones que representaban a las personas con discapacidad, permitió que la Suprema Corte validara en lo general el texto constitucional. Sin embargo, continúan existiendo barreras importantes para ejercer su derecho a la libre determinación, y a la consulta previa libre e informada.
Las personas con discapacidad y las personas de identidad indígena, son dos grupos reconocidos como de atención prioritaria por la Constitución de la Ciudad, es decir, como “… personas que debido a su desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades”, incluido el derecho a la participación social y política.
El artículo 11 de la Constitución local, garantiza los principios de inclusión y accesibilidad de las personas con discapacidad para el ejercicio de todos sus derechos; así como, el trato igualitario, progresivo y culturalmente pertinente para las personas indígenas.
En tanto que el artículo 26 “Democracia Participativa” refiere que la misma deberá ser territorial, sectorial, temática y de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Así mismo, refiere que dicha participación deberá ser efectiva, amplia, directa, equitativa, democrática y accesible, para lo cual las autoridades deben establecer mecanismos, adoptar medidas y ajustes necesarios para promover, respetar y garantizar sus derechos.
Con el propósito de brindar espacios de expresión a estos grupos que históricamente enfrentan factores de discriminación y exclusión respecto a su participación política en la Ciudad, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal llevó a cabo el “Encuentro sobre Participación Social y Derechos humanos: Organizaciones de los diversos sectores y de las diversas agendas”, cuyo objetivo fue avanzar en la discusión de lo que será la nueva Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.
La Participación Ciudadana es un instrumento para el desarrollo y el progreso de la ciudad, desigualdades y obstáculos empiezan a eliminarse como resultado de los cambios legales efectuados en los últimos años para reconocer y garantizar los derechos de estos grupos de atención prioritaria, aunque falta mucho por hacer; esa es la utopía a alcanzar y por la que hay que caminar.
