Por Arturo Páramo
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En marzo reciente, al inicio de las campañas por la Jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum acudió a la exhibición Real Estate Show, junto al resto de los aspirantes a gobernar la ciudad.
En ella, las Fibras (conglomerados de desarrolladores), constructoras, despachos de arquitectos y de estructuristas, titulares de fondos de inversión y empresarios que han aportado su capital durante las últimas dos décadas a la inversión inmobiliaria en la Ciudad escucharon los planteamientos de Sheinbaum.
Es del dominio público que las grandes inversiones en la Ciudad de México en materia inmobiliaria y la perversión de las normas y leyes que permitieron el boom inmobiliario que vivimos ahora iniciaron durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador.
La Norma 26, creada para repoblar las delegaciones centrales de la capital con vivienda de interés social, dio paso al encarecimiento del suelo y a la venta de unidades más caras a clientes de mayores recursos económicos.
La gestación de ese problema, vale la pena recordarlo, inició con la entrada en vigor de la Norma 26, y maduró y reventó durante el sexenio de Marcelo Ebrard y el quinquenio de Miguel Ángel Mancera.
Entre las normas que se elaboraron en la última década para permitir un crecimiento inmobiliario en diversos puntos en la Ciudad de México estuvieron la Transferencia de Potencialidad (permitir la edificación de más pisos, transfiriendo el potencial de crecimiento de un predio no desarrollado), los polígonos de actuación (amplias zonas susceptibles de desarrollo mediante inversiones públicas y privadas), la norma de vialidad (que permitía elevar construcciones más allá de lo autorizado en planes de desarrollo por el estar en una vialidad primaria, entre otras.
Contribuyó también la persistencia, muchas veces fuera de la ley, de los desarrolladores de vivienda para construir unidades cada vez más caras en las delegaciones con mayor y mejor infraestructura urbana, y llevó a que la Ciudad experimentara el efecto que hace casi 20 años intentó López Obrador: repoblar la zona central de la capital.
Los datos son fríos. Al año emigran de la ciudad 30 mil familias que no pueden pagar una vivienda, es decir unas 90 mil personas; se calcula que llegan 60 mil cada año, lo que da un déficit de 30 mil habitantes en la ciudad al año, de acuerdo con cifras de Canadevi.
Se calcula que durante una década anualmente tendrían que construirse alrededor de 90 mil viviendas para a la gente, que las requerirá en los próximos años debido al crecimiento natural de la población, a aquellos que han migrado a la periferia y que desean retornar, y a quienes buscan asentarse por primera vez en la Ciudad.
Aunado a esto, el instrumento que debe regir este crecimiento, el Plan General de Desarrollo Urbano que debió actualizarse hace años. La nueva versión ya fue elaborada y se encuentra en poder de la Asamblea Legislativa; sin embargo, pese a que fue producto de cerca de dos años de trabajo en el CONDUSE en el que intervinieron especialistas en la materia (muchos de ellos ya incrustados en el equipo de Sheinbaum), es posible que no vea la luz por haber sido elaborado durante la administración saliente y por la oposición tajante de los diputados de Morena a su entrada en vigor.
Hace días, directivos de la Cámara Nacional de Promotores y Desarrolladores Inmobiliarios (Canadevi) y de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), dos de los principales motores económicos de la Ciudad, externaron su preocupación por la postura de la próxima jefa de Gobierno de acabar con los polígonos de actuación.
Cabe señalar que esos instrumentos son producto de leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa, que son aplicadas por el gobierno capitalino y que estarán sujetas a una nueva normatividad en materia de desarrollo urbano, establecida por ley en la Nueva Constitución de la Ciudad de México.
Por ello, preocupa la ligereza con que Sheinbaum habla de eliminar medidas que, en efecto, deben ser revisadas, ser sometidas a un escrupuloso escrutinio ciudadano y al control de la autoridad.
Tanto la teoría como la práctica del desarrollo urbano señalan que las ciudades nunca dejan de construirse. Edificaciones se levantan sobre el terreno dejado por otras. También señalan qué debe ser protegido por su valor patrimonial o ambiental y qué zonas deben ser sometidas a reciclaje o a nuevos usos.
Por ello, el discurso de la próxima jefa de gobierno preocupa al sector de más trabajadores, plusvalía y aportaciones monetarias a las arcas capitalinas vía el pago de licencias y derechos.
Preocupa también que reconozca que para dialogar con los próximos secretarios del gabinete federal en esa y otras materias deba “pedir permiso” a quien será presidente de la República.
El desarrollo urbano de la Ciudad requiere de reglas, de vigilancia ciudadana, pero también exige dinamismo, facilitación de negocios e incluso una visión atrevida para revertir el déficit de vivienda que hay en la ciudad y dotar de espacios de trabajo a todos aquellos que se incorporarán al mercado laboral en los próximos años.
Morena, su gobierno en la ciudad y su congreso local tendrán que demostrar que pueden con el reto de gestionar un nuevo desarrollo urbano en la misma capital que durante años minaron de conflictos en esa misma materia.
