Arturo Páramo
La explosión de gasolina que era sustraída ilegalmente de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo, y la muerte de al menos 85 personas es un recordatorio de que la corrupción mata.
Se trata de una tragedia que desnudó la fragilidad que tenemos como sociedad.
Demostró que pese a la persecución en contra de quienes rompen los ductos, colocan válvulas y extraen el combustible a gran escala, están dispuestos a retar a la autoridad y tienen apoyo popular en los lugares donde perforan las tuberías.
Los huachicoleros se arriesgan y retan a la autoridad porque el negocio es demasiado lucrativo para dejarse amedrentar.
Las autoridades lanzaron un plan anti huachicol sin tener un plan alternativo de abasto de combustible, sin tener infraestructura alterna para surtir a las estaciones de servicio que habitualmente compraban el combustible a Pemex, y se vieron rebasados al tener que suministrar a aquellas que compraban a huachicoleros.
Los ductos son una infraestructura vieja y gastada. Además de tener entre 60 y 40 años de antigüedad tienen miles de parches por las tomas clandestinas que los convierten en tuberías inseguras y vulnerables
La actuación del Ejército será sometida a un duro cuestionamiento sobre su desempeño en ese episodio de Tlahuelilpan, donde replicó lo que hace en cada toma clandestina detectada: disuadir a la población de acercarse, invitarla a alejarse y no utilizar la fuerza para dispersarlos. Esa actuación, que fue avalada por el propio Secretario de la Defensa y por el Presidente de la República, y ya fue cuestionada formalmente por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Los pobladores de Tlahuelilpan acudieron en masa a obtener combustible de una toma que ellos no hicieron pero sí aprovechan.
El drama se complicó cuando apenas el jueves pasado en el Senado se aprobó una reforma constitucional que tipifica al robo de combustible como delito grave, sin derecho a fianza.
Los más de 50 internados en hospitales son, en los hechos, culpables del delito de robo de combustible y por tanto deberían ser sometidos a proceso judicial.
La tragedia es dolorosa. Para los heridos, el drama apenas inicia y no sólo por la gravedad de sus heridas, que dejarán cicatrices permanentes o por el largo y penoso periodo de rehabilitación. Se viene la judicialización de sus casos.
El presidente y el Fiscal General, Alejandro Gertz han dicho que los hospitalizados no serán victimizados, sin embargo, desde el punto de vista del propio presidente de la República, formalmente no se podrá permitir la impunidad de quienes robaban el combustible. De la cama deberán ir a enfrentar el proceso penal.
Sus familias, sin embargo, recibirán apoyos económicos, becas, beneficios por parte del gobierno en un intento de minimizar su miseria y desinhibir el robo de combustibles.
Tlahualilpan es un sitio donde se ha perforado el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco en al menos diez ocasiones en los últimos tres meses. La perforación la realizan especialistas en la colocación de las válvulas, excavan zanjas donde se acumula el combustible. Tras retirarse, la población llega para llevar el producto en los depósitos que pueden. El Ejército se limita a hacer acto de presencia para evitar confrontaciones y un eventual uso de la fuerza y de las armas.
Los programas sociales que presentará esta semana el presidente López Obrador en Veracruz, Hidalgo y Estado de México parecen un paliativo insuficiente para que la gente deje las ganancias que se obtienen por el robo de combustible.
Habrá que reconocer el arrojo del titular del ejecutivo por ir a donde sus sucesores no han ido y tomar las decisiones que se postergaron durante al menos 20 años.
Lo del viernes pudo ser un episodio más, pero una chispa de la que aún no se conoce el origen, detonó una crisis de la que no se ve final.
También confirmó que las redes sociales exponen lo peor de sus usuarios, polarizó aún más la confrontación verbal y escrita entre los seguidores y detractores del presidente.
En menos de 50 días, el actual gobierno ha comenzado a lesionar intereses del crimen organizado de una forma tal que la respuesta puede ser aún más dolorosa que la explosión en Tlahuelilpan. Como sociedad, no se puede dar marcha atrás.
