Pablo Trejo
Hace no muchos años, en nuestro país, toda transacción comercial se regía bajo el elemental principio de que “el cliente manda” o “el que paga, manda”. Desafortunadamente, pareciera que de pronto las nuevas reglas de la economía están cambiando esa lógica, en detrimento de los consumidores. Revisemos un caso.
Hasta la década de los noventas, los mexicanos adictos a la televisión teníamos como opción casi única recurrir a la oferta de la señal abierta, la cual se limitaba a las dos grandes cadenas nacionales y los esfuerzos meritorios del canal 11, que inició transmisiones en 1959, y el canal 22, que lo hizo en 1993. Una alternativa la representaban las antenas parabólicas, que básicamente ofrecían canales norteamericanos, y en algunas zonas de la Ciudad, Cablevisión, que ofrecía un pequeño paquete de canales.
El desarrollo de la tecnología tuvo como resultado un vertiginoso crecimiento de la televisión de paga, misma que sentó sus bases en señales transmitidas por microondas o a través de un tendido de cable por toda la capital. Ambas opciones ofrecían un importante número de canales que se transmitían las 24 horas del día y sin comerciales. Para tener acceso a ese servicio, los consumidores estaban obligados a cubrir una cuota mensual, y en caso de no hacerlo, sufrir la suspensión del servicio, lo que los obligaba a regresar a la señal abierta, gratuita y al alcance de todos.
Hasta aquí todo parece seguir una lógica económica impecable. Un mercado boyante basado en el desarrollo tecnológico y la riqueza de contenidos. Sin embargo, ese modelo trajo consigo un hecho inobjetable: tener a disposición a muchísimos clientes potenciales frente al televisor. Esa realidad dio paso a la transmisión de comerciales durante la programación, situación inédita que, a nuestro juicio, resultaba en un abuso hacia el consumidor, ya que una de las razones por las que se contrataba un sistema de televisión de paga era, justamente, alejarnos de los interminables comerciales de la TV abierta, estábamos pagando doble. Ante ese abuso, ninguna de nuestras autoridades se atrevió a defendernos, y simplemente terminamos por acostumbrarnos.
Esa evolución televisiva nos ha llevado al desarrollo de las transmisiones vía streaming, comandadas por compañías como Netflix, Amazon Prime o Claro video, en las que bajo el concepto “on demand” podemos acceder a toda su programación a cualquier hora del día a través de cualquier televisión con acceso a internet y un pago por el servicio.
La semana anterior, en el seno de la Cámara de Diputados, el perredista Javier Salinas propuso la creación de la “Ley del Impuesto sobre los Ingresos Procedentes de Servicios Digitales”. La propuesta implica que cualquier persona física o moral en México que cuente con Internet y haga uso de aplicaciones como Netflix, tendría que pagar un impuesto, el cual se vería reflejado en el aumento del costo del servicio, por lo que de nueva cuenta estaríamos frente a un abuso hacia el consumidor, sólo que esta vez propiciado y no tolerado por el gobierno, tal y como se ha expuesto.
La iniciativa coloca en la agenda pública un hecho innegable: la indefensión del consumidor frente a los grandes intereses de los particulares y de quienes conducen administrativamente al país.
Esperemos que la Cuarta Transformación considere entre sus prioridades regresarnos a la época dorada en que el cliente siempre tenía la razón, y que la administración entrante privilegie esa práctica desde la esfera pública, y exija que se haga, también, desde el ámbito privado.
