Por Jorge del Villar
A veces perdemos la memoria, pero recordemos hace 25 años lo común que se habían convertido los secuestros en la capital de la República. Todos conocíamos a varias personas de nuestro grupo más estrecho que habían sido objeto de este delito.
Para mejorar en materia de seguridad se tiene que reconocer cómo se ha ido modificando la naturaleza del crimen a lo largo de un cuarto de siglo; de otra forma iremos como el cangrejo. Hoy por hoy, la mayor parte de la cifra negra de delitos graves se debe al narcotráfico. Las personas que están dentro del negocio del tráfico de drogas o vinculadas a él (incluyendo a ciertos servidores públicos) viven en un inframundo indeseable para cualquier persona.
La vida de un chavo narcomenudista es igual de valiosa a la de cualquier otro mexicano y debe ser protegida. Para ello, hay que tener claro en dónde está verdaderamente el problema.
En mi formación secundaria y universitaria tuve la oportunidad de estudiar en el “mundo desarrollado”. Conocí a chavos narcomenudistas en Europa y Estados Unidos, que eran compañeros de aula o de dormitorios: estadounidenses de origen inglés, irlandés o germano, todos blancos, de ojos claros. Dos de ellos fueron pescados por las autoridades correspondientes. Su castigo fue ser expulsados de sus instituciones académicas y realizar servicio social a favor de la comunidad. Si a esos chavos les hubiese tocado nacer en México, las probabilidades de haber sido brutalmente masacrados hubieran sido altísimas. Debe parar ya la vulnerabilidad en la que vive el sector de la población que por la razón que sea está vinculada al narcotráfico.
La gran mayoría de las víctimas de las escenas de terror que transmiten los noticiarios a diario, que por cierto les genera mucho rating, están vinculadas a amenazas, venganzas, luchas territoriales del narcotráfico.
Por otra parte, la población que nada tiene que ver con la industria de la venta de drogas, vive infinitamente más segura en México. Sin embargo, esta diferenciación no se ve reflejada en las estadísticas, debido a que no existen las herramientas suficientes para hacerlas notar.
Si no se contabilizase a las víctimas vinculadas al narcotráfico y si se toman las medidas de seguridad necesarias, la inseguridad en México no está tan mal a comparación de otras latitudes. He realizado recorridos enteros por las carreteras, pueblos y ciudades, desde Baja California hasta Quintana Roo, y en muchos sentidos me siento más seguro que en Estados Unidos, que tiene de las cincuenta ciudades más inseguras del planeta, en donde suceden los crímenes más inesperados, como en colegios o en contra de mexicanos que simplemente van caminando al sur de su frontera.
Me siento más seguro en mi país que en Inglaterra, en donde en cualquier momento te puede tocar un bombazo en la calle o en un concierto. Tengo amigas que viven en las colonias residenciales más exclusivas de México y ellas periódicamente sacan sus elegantes camionetas con sus hijos a la Autopista de Sol para vacacionar de puente en Acapulco; conozco a un dueño de casas de empeño que vive tranquilamente y sin seguridad hace décadas en Chilpancingo; tengo infinidad de amigos que conocen a totales desconocidos para vincularse sentimentalmente a través de las redes sociales.
El Estado mexicano hoy está mucho mejor preparado que hace 25 años para combatir el delito del secuestro. Y una pieza clave en ello ha sido la abogada, maestra por la Universidad de Barcelona, Patricia Bugarín. Una funcionaria profesional de bajo perfil, que se ha desempeñado en puestos clave en materia de seguridad durante las dos últimas décadas, tanto en el gobierno perredista de Cuauhtémoc Cárdenas, morenista de López Obrador, panista de Felipe Calderón y priista de Peña Nieto.
Ha sido prácticamente la única subprocuradora que ha salido bien librada de la SEIDO; tanto así, que fue recontratada durante el sexenio siguiente. Recordemos que titulares de esa subprocuraduría han tenido que salir a refugiarse en consulados en el extranjero, han desaparecido del plano público, incluso han muerto en sospechosos incidentes.
Organizaciones civiles como Alto al Secuestro han reconocido la labor de Patricia. Dos características que tienen todos los integrantes del equipo de seguridad del licenciado López Obrador son ya sea su desconocimiento en la materia o su alto nivel de protagonismo, defectos con los que Bugarín no cuenta.
