Patricia Sotelo
Los últimos días de don Rodolfo nada tuvieron que ver con el brillo y alegría que irradió durante sus casi 87 años de vida. Postrado en su cama, su cuerpo se rindió ante una enfermedad que lo consumió por años. Ya no se movía, dejó de reconocer a sus seres queridos, tenía alucinaciones y dependía totalmente del cuidado de sus dos hijas.
La ciencia ya nada podía hacer por mejorar su salud. Su médula ósea había dejado de funcionar como debía desde seis años atrás, cuando le diagnosticaron mielofibrosis medular primaria. Requirió transfusiones de sangre continuas, su hígado se dañó y luego, el organismo comenzó a protestar y colapsaron otros órganos. Se le formó un quiste en el riñón del tamaño del hígado, los pulmones requerían aire artificial y el corazón comenzó a cansarse.
Ya en agonía, el dolor era insoportable, como insoportable resultó para sus hijas ver y escuchar a su padre quejarse con gritos que calaban hasta el alma. Los médicos plantearon brindarle cuidados paliativos para disminuir el sufrimiento que consistían en sedarlo para ocultar sus malestares, aunque esto, a su vez, podía acelerar su muerte.
El conflicto moral fue natural en las hijas de don Rodolfo, porque no es fácil decidir que alguien viva con sufrimiento y sin esperanza, o que muera dignamente.
Hablar de “muerte digna” es entrar a un debate de tipo moral, religioso, por una parte, y de libertades, por el otro. ¿Cuándo es el momento de morir ante una enfermedad terminal que consume a un ser humano? ¿Prolongar la vida en esas condiciones es extender el sufrimiento? ¿Es mejor morir cuando ya no nos valemos por nosotros mismos, ni física ni mentalmente?
En la Ciudad de México este debate ya se dio y se optó por defender la libertad de las personas a decidir el momento de su muerte. La nueva Constitución Política de la CDMX garantiza la “muerte digna” en su Artículo 6º, Apartado A, relativo al Derecho a la Autodeterminación Personal, que establece: “Este derecho humano fundamental deberá posibilitar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. La vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna”.
Y aunque la Procuraduría General de la República impugnó esta disposición al considerar que se estaba permitiendo la eutanasia y el suicidio asistido prohibidos por leyes federales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó este argumento al considerar que la doctrina internacional incluye en este derecho los cuidados paliativos para personas en fase terminal y la mejora de estándares de calidad en el cuidado de este tipo de pacientes.
La CDMX ha sido vanguardia en este tema, ya que en 2008 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal promulgó la Ley de Voluntad Anticipada, que permite a un enfermo expresar por adelantado el tipo de tratamiento médico que quiere recibir ante enfermedades terminales o accidentales y regula, por lo tanto, la decisión de las personas de ser o no sometidas a procedimientos médicos o tratamientos que puedan alargar su vida en etapa terminal, cuando ya no se pueda mantener de forma natural.
Además de la CDMX, los estados de Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala cuentan con esta regulación.
Permitir el “bien morir” es cada vez más aceptado por la sociedad. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Muerte Digna 2016, elaborada por la organización “Por el Derecho a Morir con Dignidad A.C.”, 68.3 por ciento de los mexicanos está a favor de poder adelantar la muerte en caso de que un enfermo esté en fase terminal, mientras que 31.7 por ciento está en contra.
El debate sobre la “muerte digna” será llevado a nivel nacional ya que la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que la Ley de Voluntad Anticipada se promoverá en todas las entidades del país.
Y es que hay muchas historias como la de don Rodolfo, quien murió luego de recibir sedantes que calmaron sus dolores, pero su cuerpo sucumbió cuando ya no pudo más.
