Por Patricia Sotelo
@paty_sotelo
Uno de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa me dijo un día que, si no aparecía su hijo, compraría una pistola e iría a matar a los policías de Iguala, Guerrero, lugar donde se suscitó la tragedia.
Había pasado un año de ese funesto 26 de septiembre de 2014 cuando los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” fueron detenidos por policías de esa ciudad y entregados a sicarios, sin que a la fecha se sepa exactamente qué hicieron con ellos.
Afortunadamente, ese desesperado padre no cumplió su deseo de venganza producto de la ira por la falta de respuesta de las autoridades. Desde hace casi cuatro años marcha mes con mes para exigir respuestas y, aún más, para pedir el regreso con vida de su hijo.
Es inimaginable el dolor que padecen los familiares de los desaparecidos, así como de quienes han sido víctimas de algún delito. Por eso se entiende el rechazo que tuvo el llamado del presidente electo Andrés Manuel López Obrador a no olvidar pero sí a perdonar. “Ni perdón, ni olvido”, le gritaron quienes han sido violentados y que acudieron al primer foro Por la Pacificación y Reconciliación Nacional, celebrado la semana pasada en Ciudad Juárez, Chihuahua.
“Estar dispuestos a perdonar, lo dije en campaña y lo repito ahora: coincido con los que dicen que no hay que olvidar, pero sí estoy a favor del perdón. Respeto mucho a los que dicen ‘ni perdón, ni olvido’. Digo: olvido no, perdón sí”, recalcó López Obrador en ese foro.
Esa petición de perdón parece ir en contra de lo que busca el próximo presidente del país: la reconciliación, pues no hay víctima que quiera ceder su justo reclamo de justicia por el perdón a su victimario, sobre todo cuando lleva años buscando ser escuchada y atendida por autoridades que se muestran sordas e ineficientes ante su sufrimiento.
Así lo dejó en claro Silvia Ortiz, quien busca a su hija Fanny Sánchez Ortiz, desaparecida hace 13 años nueve meses, quien durante el segundo foro realizado en Torreón, Coahuila, reclamó ante el futuro secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, que se pretenda hablar de paz cuando no han tenido respuestas a sus demandas. “Sí estamos dañados por la inacción de años, de un hartazgo que lo único que ha logrado es acrecentar en cada corazón el dolor y la ira, de sillas vacías, y de familias rotas. Piden que otorguemos perdón a quien sin mirar atrás dañó una vida, una familia, una sociedad completa, al país mismo. (…) Defendemos el ‘Ni perdón, ni olvido’”, espetó la también fundadora del Grupo Vida.
Pero ¿están peleados el perdón y la justicia? O ¿a quién le corresponde otorgar uno y aplicar el otro? En el ámbito de lo jurídico no hay duda: el Estado debe garantizar la aplicación de la ley y justicia a quien haya sido vulnerado en sus derechos. Y el perdón es un acto individual que lo otorga quien siente que sólo así estará bien consigo mismo. Se puede, incluso, perdonar a alguien que paga su pena en la cárcel, aunque eso no signifique que deba ser liberado. El perdón es un acto que libera el alma, el espíritu o la esencia de quien sufre; la justicia es una acción que busca el orden.
Difícil tarea tendrá el nuevo gobierno para sanar las heridas, pues no son pocas las víctimas en este país. Por lo pronto, las miles de víctimas se erigen ya en el primer grupo opositor a las políticas de AMLO en materia de derechos humanos. Habrá que ver si se tomarán en cuenta sus reclamos en el plan de paz y reconciliación que se pretende elaborar antes del 1 de diciembre. Veremos.
