Por Fulvio Vaglio
Benjamin Netanyahu también tiene sus desencuentros con las “fake news”. En las tres últimas semanas le han llovido críticas por la “ley del estado-nación judío”. Miembros de la oposición parlamentaria, representantes de minorías y de organizaciones internacionales de derechos humanos, hasta activistas del LBGT lo han acusado de fascista y racista; hasta su propio presidente de la república, Reuven Rivlin, se ha disociado de la ley.
Netanyahu ha respondido como suele hacerlo su amigo de Washington: ha acusado la oposición y los medios de tergiversar la situación; ha sostenido que la ley aprobada el pasado primero de agosto no cambia nada en la relación entre judíos y minorías étnico-religiosas en Israel; los opositores han contestado que no es cierto; que la nueva ley establece de hecho un apartheid judío y reduce a las minorías al rango de ciudadanos de segunda clase; y que viola el espíritu y la letra de la Declaración de Independencia del 14 de mayo 1948.
Netanyahu responde minimizando el papel futuro de la oposición: ha dicho que el Judaísmo Reformista tiene, a lo sumo, un medio siglo más de vida antes de desaparecer (a menos, claro, que él y sus secuaces logren apuntalar el tambaleante nacionalismo judío). Las manifestaciones en Tel Aviv arrecian y se habla de elecciones anticipadas. Mientras se aclara el panorama, quizás no sobren algunas precisiones sobre un tema del que pocos hablan, pero que tiene todo qué ver: el mercado laboral y el sindicalismo israelí.
En estos mismos días, Netanyahu está empujando otra ley, sobre la reforma laboral: su provisión principal es que los sindicados deberán someterse obligatoriamente a una junta de arbitraje antes de poder declarar una huelga. Por mucho que esto haya evocado gritos de indignación en la opinión pública progresista, sólo sería la punta del iceberg. En realidad forma parte de una ofensiva antiobrera y antisindical que se venía venir por lo menos desde 2014, cuando el Taub Center for Social Policy Studies publicó un artículo sobre la viabilidad, para Israel, de un modelo de política económica llamado “Flexicurity”.
Dos palabras sobre ese antecedente: a comienzos de los años 1990s, en pleno auge neoliberal, los países industrializados malabarearon varios modelos que pretendían compaginar la petición de los emprendedores, de flexibilizar el mercado del trabajo, y la exigencia de los trabajadores, de asegurar su situación en un mercado laboral cambiante. Punto álgido: quién pagaría por ese delicado equilibrio: ¿el estado (más impuestos)? ¿el mercado autorregulado (más inmigración ilegal)? El modelo al que miran los israelíes (precisamente el “Flexicurity”) se arraigó en los países escandinavos. Los otros grupos eran el anglosajón, el centro europeo, el mediterráneo y el europeo oriental.
Viendo en retrospectiva, es claro que ni la Unión Europea, ni el grupo anglosajón han encontrado la solución. La pregunta es por qué Israel piensa en la “Flexicurity” escandinava como un modelo viable para él. En el intento de dar respuesta a esta pregunta, surgen varias sorpresas.
Primero: Israel está debajo del promedio mundial en cuanto a productividad del trabajo y salarios, muy debajo en cuanto a ingresos fiscales invertidos en programas de seguridad social, bastante arriba en cuanto a desempleo y a la desproporción entre economía formal e informal, y muy arriba en cuanto a flexibilidad del mercado laboral y disparidad de ingresos.
Segundo: sólo la mitad de los trabajadores industriales están sindicalizados, es decir que pueden contar con algún tipo de protección contra las maniobras patronales que caen en la rúbrica de “flexibilización”; pero la situación es mucho peor cuando se pasa a sectores como la construcción o lo servicios terciarios de bajo ingreso.
Tercero: la fuerza de trabajo israelí tiene un historial de alta combatividad: los anuarios estadísticos del primer cuarto de siglo desde la independencia muestran tres claros picos de huelgas obreras en 1951-52, 1962 y 1969-71: es decir, apenas nacido el Estado, terminando la primera época de consolidación, y en concomitancia con el ciclo de luchas del ’68-’69 y sus postrimerías.
Cuarto: en este historial, la fuerza de trabajo palestina ha jugado un rol primordial; inicialmente excluida de la mayor central sindical (que también ejerce como patronal), el Histadrut; admitida después sobre una base discriminatoria de “semi-apartheid”, ha sido parte integral de la protesta obrera incontrolable de los años sesenta, cuando también en Israel pulularon las huelgas no oficiales (“de gato salvaje”), fuera del control del Histadrut.
Quinto: después de esas primeras décadas, las reivindicaciones específicamente obreras de la fuerza de trabajo palestina se han visto diluidas y mistificadas en el enfrentamiento de árabes y palestinos contra el estado israelí. Pero éste sigue siendo el reto social que Netanyahu enfrenta hoy: él lo enfrenta como el conservador obtuso que es. Habrá que ver qué proponen sus adversarios progresistas.
