Alberto Cuenca
El Congreso capitalino está por incurrir en un desacato a la Constitución de la Ciudad si a más tardar el 5 de diciembre no logra que entre en vigor la Ley de la nueva Fiscalía General de Justicia, como lo señala el artículo décimo séptimo transitorio de la norma máxima local.
En previsión de que el desacato es casi un hecho, pues no hay tiempo para aprobar esa ley, la jefa de Gobierno electa anunció que enviará el mismo 5 de diciembre, apenas haya tomado protesta, una iniciativa de reforma a los artículos transitorios de la Constitución local, con la intención de darle más tiempo a los legisladores para crear dicha ley.
El problema es que la carta magna capitalina establece controles que impiden su modificación dentro del mismo periodo ordinario de sesiones, por lo cual la iniciativa de Sheinbaum no podría aprobarse de inmediato, sino hasta febrero de 2019. En plática en corto, la futura mandataria reconoció: “Sí, estaríamos en falta a la Constitución”.
En el Congreso capitalino y en previsión del desacato, el diputado de Morena, Ricardo Ruiz, presentó el jueves pasado una iniciativa por la que se expide la Ley de Transición de la PGJ a la Fiscalía. La iniciativa busca justificar el desacato.
“Proponer la reforma a la Procuraduría es una tarea que si la hacemos tal y como se encuentra ahora está destinada a un fracaso. Un cambio de modelo de persecución criminal, que coloque en el centro de su quehacer cotidiano el derecho a la justicia de las víctimas, sólo puede construirse desde una nueva institución que no herede las inercias de su antecesora”, dijo ese día Ruiz en la tribuna del Congreso local.
Un cambio de modelo de persecución criminal, explicó, requiere primero definir cada uno de sus componentes y después aprobar el marco normativo que dé sustento jurídico a esta nueva estructura organizacional. “Primero es el modelo, después la Ley”, agregó.
La iniciativa establece cuatro fases. Debe crearse primero una Comisión Técnica para realizar el proceso de transformación de la actual Procuraduría a la nueva Fiscalía -la convocatoria ya se emitió para los ciudadanos interesados-. Una vez creada, la Comisión debe determinar los componentes de la Fiscalía, el proceso de selección del personal y el plan de instrumentación, tal y como lo señala la Constitución.
La Comisión Técnica debe informar al Congreso de la emisión de ese plan y se da inicio al proceso para expedir una Ley de la Fiscalía que dé sustento al modelo propuesto por Comisión.
Se inicia así el proceso de designación del Fiscal y el Congreso aprueba el nombramiento. Con los artículos transitorios actuales el proceso es al revés, primero la ley y luego el modelo.
Ruiz rechazó que el Congreso incurra en desacato, pues esta Ley de Transición les genera una nueva ruta para cumplir con la Constitución local. Se le hizo ver que ninguna ley puede estar por encima de la Constitución, y lo único que reconoció es que con su propuesta los legisladores están realizando una interpretación de la carta magna de la Ciudad.
A los diputados ya les ganó el tiempo ¿y qué han hecho en estos dos meses de legislatura? Al menos los de Morena, que por cierto son la mayoría en el Legislativo local, se han peleado entre sí por hacerse del control de la coordinación de la bancada, a grado tal que hay entre ellos acusaciones de soborno.
La actual líder del grupo parlamentario, Ernestina Godoy, está más preocupada por su futuro político en el gabinete de Sheinbaum que por mantenerse en una responsabilidad para la cual fue electa por los ciudadanos, ah, y también por darle limpias a sus compañeros de partido con ramas de pirul.
Los legisladores traen otro plazo perentorio encima: emitir la convocatoria para crear el Consejo Judicial Ciudadano, que de acuerdo a la Constitución local debe conformarse a más tardar el 31 de diciembre. Ese Consejo debe proponer una terna de candidatos a la Fiscalía. Nada más y nada menos.
