Por Alejandro Zúñiga
Han transcurrido 22 años desde que se ciudadanizaron las elecciones en México con la reforma política de 1996 impulsada por Ernesto Zedillo, el último presidente impuesto por el PRI -no priista- antes de la llamada alternancia política.
Con esa transición histórica la democracia logró un avance sin precedente. El Consejo Federal Electoral, dependiente de la Secretaría de Gobernación, dejó de ser juez y parte en las elecciones al ser sustituido por el Instituto Federal Electoral que, en 1997, hizo posible el ascenso de un partido de izquierda, por primera vez, al gobierno de la Ciudad de México.
Tres años después, en el 2000, esa reforma catapultó, de la mano de la estrategia del voto útil, el triunfo de la derecha en las urnas con Vicente Fox, quien le propinó al PRI su primera derrota en una elección presidencial, tras una larga vida hegemónica.
En ese lapso de 22 años los procesos electorales han experimentado cambios sustanciales, y aunque la gran mayoría han sido para mejorar, subsisten prácticas grotescas, como la danza de millones de pesos que entran y salen a diario de las oficinas de los candidatos y sus partidos para financiar las campañas políticas.
Como si no hubiera pasado el tiempo y siguiéramos bajo las mismas reglas obsoletas del siglo pasado, se ven las carretadas de dinero ilegal que fluyen y van de una a otra mano, a pesar de que se han reducido a más de la mitad los tiempos de proselitismo.
Los “apoyos ocultos”, les dicen, son insultantes por insulsos y evidentes, porque se ven, se escuchan y aparecen materializados en las calles como publicidad, en medios impresos, electrónicos y digitales mediante entrevistas exclusivas a modo, portadas, cintillos, notas informativas y comentarios de opinión evidentemente pagados.
Radio, televisión, internet, medios impresos, publicidad exterior, redes sociales, spots, promocionales, notas de portales y un sinfín de artilugios publicitarios más, como carteleras, folletos y publicidad en transporte públicos, son pagados por mecenas anónimos o vía los gobiernos, sin costo inmediato para los candidatos, pero representan compromisos adquiridos a pagar en especie y muy caro cuando se gane la elección.
También se pagan nóminas de campaña, se desvían recursos públicos y se hace un uso faccioso de programas sociales para compra de voto o pagos indirectos a medios de difusión masiva, mediante el uso de los presupuestos de las áreas de comunicación social de instituciones públicas. Estos últimos beneficios son para candidatos que pertenecen a un gobierno, con lo que tienen garantizado el respaldo de la administración en turno. No obstante, todos los candidatos beneficiados están obligados, de manera tácita, a pagar cuando asuman el cargo y a recompensar el apoyo recibido en campaña; puede ser con obra pública, contratos para hacer banquetas, tapar baches, colocar luminarias, limpiar parques; una licitación de suministro de escobas, jabón, computadoras; un convenio, una asesoría, etcétera.
La recuperación de la inversión para el mecenas es inminente con no menos del 100% de ganancia. Cómo paguen es lo de menos, el chiste es asegurar el cumplimiento.
Nada ha cambiado en esa danza millonaria electoral; por el contrario, cada vez son más recurrentes esas prácticas que todos los días saltan a la vista, pero que inexplicablemente pasan inadvertidas para el árbitro de la contienda. Mientras no haya denuncias oficiales, no se investiga, no se amonesta y menos se sanciona. Si llegara a prosperar la denuncia de un hecho flagrante, no pasa nada, infieren los candidatos, se liquida la multa que paga “el amigo”, porque el chiste es ganar, cueste lo que cueste. Total, la deuda futura es con cargo a los ciudadanos.
En síntesis, mientras campee la impunidad, Usted y el escribidor estamos condenados a pagar la danza de los millones de las campañas electorales. Nos guste o no.
