Por Eduardo Santillán
Twitter: @santillanpe1
La nueva conformación política de nuestro país y de la Cuidad de México plantea un interesantísimo análisis sobre el sistema presidencial y lo que en algún momento conocimos como el presidencialismo. El diseño constitucional de nuestro país contempla el sistema presidencial como régimen político, es decir, la figura de Jefe de Estado y Jefe de Gobierno se deposita en una sola persona denominada Presidente de la República, electo por el voto directo de los ciudadanos, titular de la administración pública, jefe de las fuerzas armadas; el Poder legislativo no puede emitir voto de censura que implique su dimisión, ni el ejecutivo puede disolver al Congreso; a diferencia del régimen parlamentario en donde el primer ministro forma parte del parlamento.
El surgimiento del sistema presidencial se dio en la constitución norteamericana, y tuvo como origen la necesidad de contar con un ejecutivo fuerte que pudiera dirigir correctamente los destinos de la nación norteamericana, pero que no tuviera la permanencia de un rey; de aquí que encontraran una figura que cumplía con ambos propósitos, y es precisamente la figura del presidente de la República.
El primero de julio se rompió un mito del sistema político, y es que en las últimas décadas se tenía una opinión equivocada de que para que funcionara el sistema de pesos y contrapesos contemplado en la constitución, no era recomendable que el presidente tuviera mayoría en el legislativo; nada tan equivocado como eso, lo cierto es que tanto en el modelo presidencial como en el parlamentario un requisito fundamental que permite una adecuada gobernabilidad es la mayoría en el Congreso; una elección es la presentación al electorado de diversos proyectos de nación para que de entre esos, el electorado decida cuál es el que más le convence, y una vez que toma su decisión, le otorgue al ejecutivo los instrumentos institucionales necesarios para que se lleve a cabo ese proyecto, cuando un ejecutivo no tiene la mayoría en el Congreso y no existen los mecanismos para generar esas mayorías, lo que sucede es la parálisis legislativa o un conflicto entre poderes, más que un equilibrio.
Evidentemente, en México se instauró un sistema presidencialista, es decir, un modelo en el que el presidente concentraba una serie de “facultades metaconstitucionales”, como las llamó Jorge Carpizo en su libro “El Presidencialismo en México” y que partían del principio de que el ejecutivo no tenía ninguna responsabilidad penal o administrativa en el ejercicio de su encargo, de hecho en la Constitución de 1857 se establecía el juicio político al presidente por violaciones a la misma, causal que desapareció en la Constitución de 1917. En ese régimen el ejecutivo dirigía el Banco de México.
Hoy, México tendrá un sistema presidencial puro, con un ejecutivo fuerte y una serie de contrapesos tanto institucionales como políticos, una Suprema Corte en donde ningún ministro habrá sido propuesto por el presidente, un Banco de México con plena autonomía, un régimen de libertades políticas garantizadas, libertad de prensa y manifestación. De hecho, existen una serie de mecanismos que darían pauta a la implementación de un sistema semipresidencial, de entrada la posibilidad de que el ejecutivo sea objeto de juicio político durante su mandato por actos de corrupción o delitos electorales, lo ideal sería regresar el espíritu de la Constitución de 1857 y la causal fuera de violación a la Constitución; actualmente, diversos funcionarios deben ser ratificados por el legislativo y se puede avanzar en que todo el gabinete sea ratificado por el Congreso; también es factible la implementación de la figura de la segunda vuelta electoral, la disminución de los diputados y senadores plurinominales, la disminución del presupuesto público destinado a los partidos políticos, la desaparición del fuero a todos los funcionarios del país e incluso la posibilidad de un jefe de gabinete o primer ministro nombrado por el legislativo.
El tema de la reelección del ejecutivo es un tema que bajo ninguna circunstancia habrá de plantearse en el nuevo modelo constitucional y, por el contrario, la figura de la revocación del mandato será un importantísimo mecanismo de control sobre los gobiernos. Sería muy importante una reforma constitucional que permitiera definir cuáles son los artículos de la constitución que deberían de requerir un proceso de referéndum constitucional, de tal forma que la forma de estado o de gobierno, los derechos humanos y las decisiones políticas fundamentales cuenten con una protección adicional.
Asimismo, la figura de la consulta y la iniciativa popular, el plebiscito y el referéndum deben ser instrumentos ágiles que permitan fortalecer la participación del ciudadano en la discusión de los asuntos públicos y pasar de una mera democracia representativa a una auténtica democracia participativa.
*Profesor de la UNAM, Diputado electo al Congreso de la Ciudad de México.
