Alejandro Zúñiga
Las dos renuncias presentadas la semana pasada al Presidente de la república, en dependencias estratégicas del gobierno federal, pusieron al descubierto contradicciones, fortalezas y debilidades de la 4T.
La primera -con más tintes de denuncia que de renuncia- fue la de Germán Martínez a la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El hecho encendió todas las alertas dentro y fuera del gobierno federal y terminó por obligar a la 4T a rectificar su “austeridad republicana” en el sector salud.
Mientras tanto, la dimisión de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco Ortiz Mena, respondió a un asunto de congruencia de la 4T.
Al viejo estilo de los políticos priistas y panistas, la ex funcionaria no llegó a tiempo para abordar un vuelo comercial y, por “orden presidencial”, dispuso que el avión regresara por ella pese a que ya estaba en posición de despegue.
Este exceso, incongruente con los principios que pregona la 4T, obligó al presidente a, ipso facto, aceptarle la renuncia a su ahora ex secretaria, “porque no podemos ser tolerantes en actos de prepotencia”, corrupcción e influyentismo, dijo AMLO.
En el caso de la renuncia de Germán Martínez, registrada el martes de la semana pasada, podría pasar a la historia como la más larga, dura y crítica enviada a un presidente de la república.
El documento denuncia que la política de austeridad se puso por encima de la salud de los más indefensos ciudadanos, quienes, paradójicamente, le dieron el triunfo electoral a la 4T.
El punto es que 48 horas después de la renuncia, se confirmó que sus motivos eran fundados y que “controlar en exceso” los recursos de salud pone en grave riesgo la vida de ciudadanos inocentes.
El jueves al mediodía, 9 directores de institutos de salud lanzaron un SOS al gobierno federal y advirtieron que de continuar la detención de recursos no podrían evitar muertes de bebés y otros pacientes.
A otro día, en su mañanera, AMLO pareció rectificar al decir que “el presupuesto no tiene límites cuando se trata de brindar servicios médicos a la población”.
Más tarde, se informó que la Secretaría de Salud había regresado los 2,400 mdp que había congelado a los Institutos Nacionales de salud la Secretaría de Hacienda.
La renuncia del ex panista permitió identificar con claridad al menos dos prioridades en la política de austeridad instrumentada por el gobierno federal.
La primera es el ahorro y la contención del recurso al máximo, para evitar gastos superfluos, contener fugas y redireccionar el recurso hacia las nuevas políticas públicas de la 4T, pero sin evaluar a fondo los problemas ni evaluar los potenciales riesgos nacionales.
La segunda es desmantelar la red de corrupción, intereses y complicidades, de grupos y particulares, que tenía el gobierno anterior con proveedores y empresas en el sector público.
Ya veremos si es para darles una nueva orientación política, que beneficie los intereses de grupos o personajes vinculados al nuevo gobierno, con fines electorales o con miras de verdad a terminar con la corrupción.
La austeridad propuesta por AMLO era necesaria y esperada. Nadie puede estar en contra después de los saqueos, desvíos, robos, negocios ilícitos y toda la corrupción que nos recetaron por décadas los gobiernos del PRI y del PAN.
Pero la 4T tiene que ser prudente y no jugar con fuego cuando está de por medio la vida de los ciudadanos más vulnerables.
Más allá de la congruencia de un gobierno de izquierda, se debe analizar a fondo, con criterios muy objetivos, cómo y hasta dónde aplicar la llamada “austeridad republicana”.
Del numerito de la ex secretaria del Medio Ambiente, como ella misma lo sostiene en su dimisión, no tiene justificación alguna y agregaríamos: ni perdón el tráfico de influencias que tanto daño nos ha causado.
El hecho es ejemplar para los funcionarios de la 4T. Esperemos que no haya excepciones para nadie y menos para los políticos que siguen pensando que el poder es sinónimo de impunidad.
