Alejandra Ramírez
La Reforma Política que entró en vigor el pasado 17 de septiembre inició un nuevo capítulo el lunes pasado, con el rendimiento de protesta de los ahora flamantes responsables del gobierno de primer nivel en las demarcaciones territoriales, es decir los alcaldes, que a diferencia de los antiguos jefes delegacionales tendrán un concejo para acompañarlos en todas sus tareas de gobernar.
Aunque el mérito de los cambios hoy se lo quiera atribuir un grupo de militantes de un partido, sólo hay que hacer un poco de memoria para dejar bien en claro que lo sucedido el pasado lunes en el Congreso de la Ciudad de México es consecuencia del trabajo y la lucha de muchos hombres y mujeres de diversas organizaciones, en distintos momentos y espacios políticos.
El proceso democratizador del otrora Distrito Federal se remonta al menos a 1988, cuando se cuestionó el resultado de las elecciones presidenciales; a partir de esas protestas, con los años, se logró una serie de reformas, en 1988, 1993-94 y 1996, que paulatinamente fueron dando a la capital del país la tan buscada autonomía.
Uno de los más importantes avances llegó precisamente en 1996, cuando se consiguió que los habitantes del Distrito Federal pudieran elegir a sus autoridades, es decir a los jefes de gobierno. Al año siguiente, es decir 1997, ganó el Partido de la Revolución Democrática (PRD), y tres años después se eligió a los primeros delegados, que más tarde se convirtieron en jefes delegacionales, electos por voto y no designados.
Los cambios, pues, han sido paulatinos. Hasta la semana pasada, los delegados fueron autoridades administrativas con tan limitadas atribuciones que poco pudieron hacer para mejorar las comunidades que los eligieron. En presupuesto y seguridad, por ejemplo, eran totalmente dependientes de los apoyos que determinara el gobierno central, o que ellos mismos lograran cabildear.
Ahora, los alcaldes tendrán mayores facultades, aunque también mayores retos, pues ellos mismos se han encargado de vender el discurso de que “una nueva era comienza” y que muchos o incluso todos los problemas que hoy padece la ciudadanía se solucionarán.
Mucha gente tiene en verdad la esperanza de que en breve sus calles estarán completamente iluminadas, sin baches, con agua, con absoluta seguridad en sus casas, negocios, vehículos, pero sobre todo en sus personas. Poco le importa al ciudadano común si el gobierno que viene tiene planeado realizar obras monumentales, ser austero, transparente u honesto. Lo que le urge a la gente son los resultados.
La serie de reformas que dio nacimiento a las alcaldías fue un paso más en el proceso democratizador de la ciudad, que, por cierto, no puede ser considerado ni el culminante ni el último, pues aún faltan atribuciones para que las alcaldías puedan equipararse plenamente con los municipios.
El reto de los hoy ya alcaldes es dar resultados, nada más. Para eso fueron electos. Muchas de las trabas o “pretextos” que los gobiernos delegacionales tuvieron, hoy ya no existen, y frente a la excepcional hegemonía política que vive el país, la expectativa de resultados es mucho mayor.
La historia de la transformación jurídica y política de la ciudad es una construcción colectiva; su implementación hoy está en manos de un grupo del que la gente espera mucho. Ya veremos los resultados.
