Por Jorge X. López
Un conglomerado de 45 organizaciones civiles de protección del medio ambiente y los derechos humanos exigieron la cancelación del proyecto de termovalorización de residuos sólidos que planea el Gobierno de la Ciudad.
Aseguraron que no permitirán que la actual administración, a la cual le quedan poco más de un año en el poder, deje “un gravísimo problema ambiental y para la salud de la población de la zona metropolitana”.
En conferencia de prensa, recalcaron que buscarán reunirse con las autoridades del Gobierno de la Ciudad para conocer a detalle el proyecto, al tiempo que analizarán las opciones legales para detenerlo.
Además del riesgo a la salud ambiental y humana, afirmaron que la planta de termovalorización violaría derechos constitucionales, como el de vivir en un medioambiente sano, el derecho a la consulta previa e informada, acceso a la información, e incluso, incumpliría convenios internacionales.
Será, consideraron, una irresponsabilidad del gobierno del Miguel Ángel Mancera firmar un contrato por 33 años sin dar a conocer la tecnología, especificaciones técnicas, financieras, protocolos de emisiones y monitoreo, aspectos a los que se comprometió la Agencia de Gestión Urbana (AGU) a informar.
El pasado 18 de abril, la AGU otorgó la concesión a la empresa Proactiva Medio Ambiente S.A. de C.V./Veolia para la termovalorización de 4 mil 500 toneladas de residuos sólidos urbanos de las 13 mil que producen los capitalinos diariamente.
Cuestionados al respecto, la oficina de prensa de la Agencia indicó que los conceptos y la tecnología a la que hacen referencia los ambientalistas son distintos a la termovalorización que proponen.
En una tarjeta informativa explican que no se hará incineración de basura, sino termovalorización, con lo cual los residuos sólidos urbanos son sometidos a altas temperaturas para liberar su potencial calorífico, para de esa manera producir vapor, y mediante el empleo de turbinas, generar energía eléctrica.
La incineración, abundan, se hace sin control de gases, la combustión es incompleta, no hay aprovechamiento energético y es altamente contaminante.
La planta que se instará en terrenos del Bordo Poniente, aseguran, cumplirá de sobra la NOM-098-SEMARNAT-2002 relativa a la emisión de gases a la atmósfera.
Entre las organizaciones que impulsan la cancelación del proyecto están Fronteras Comunes; Greenpeace México; Laboratorio de Investigación en Desarrollo; Comunitario y Sustentabilidad; Asamblea Nacional de Afectados Ambientales; Mujer y Medio Ambiente; Centro para la Diversidad Biológica, y el Centro de Análisis y Acción sobre Tóxicos y sus Alternativas.
