Por Jorge Alberto Lara
Twitter: @jorgelara1
Cualquier estrategia para fortalecer la seguridad y la justicia que pretenda tener éxito debe dar cabida a la atención de las consecuencias económicas de la criminalidad de alto impacto. En México, los efectos de la delincuencia organizada, la corrupción y la evasión fiscal generan efectos muy profundos en la violencia mortal que se resiente de manera cotidiana. El correlato directamente proporcional a la escalada criminal y la impunidad que padecemos la generación de flujos ilícitos, economía criminal y lavado de dinero.
En algunas mediciones, México sobresale a nivel mundial, solamente superado por Rusia y China, como generador de movimientos financieros ilícitos. Para el que esto escribe, hay una relación de causa y efecto que funciona en el círculo vicioso de violencia, impunidad y recursos ilícitos.
Los valores jurídicos tutelados por los delitos de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita son la incolumidad del sistema financiero, la libre competencia, la seguridad pública y la procuración de justicia, y generan impactos causales directos e indirectos que provocan decenas de miles de homicidios dolosos, desapariciones, miseria y exclusión.
El año pasado México fue evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que es el conjunto de expertos internacionales en materia de prevención y combate al lavado de activos. En sus mediciones sobre la eficacia de los resultados a nivel investigación, judicialización y recuperación de activos, nuestro país fue reprobado. Se identificó un fallo estructural y sistémico en la comunicación entre la Procuraduría General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
El contexto del sistema penal acusatorio representa retos y oportunidades relevantes para desarrollar investigaciones de profundo calado en delitos complejos que involucren flujos significativos de acervos patrimoniales. En el nuevo entorno los casos de los exgobernadores Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge, serán procesos paradigmáticos en los que se pueda llegar a demostrar la solvencia técnica tanto de los fiscales, peritos, policías de investigación, jueces y abogados para poder avanzar en este vital rubro temático.
El foco no debe ser tener a la gente encarcelada, haciendo tiempo para que después de que se les otorgue libertad puedan gozar de lo mal habido. Es indispensable avanzar en los mecanismos para devolver a la economía legal todos aquellos bienes que fueron adquiridos a través del fraude, el blanqueo de activos, y en general la criminalidad económica.
El gobierno saliente al parecer no tuvo como una de sus prioridades el despojar a los grupos criminales de sus cuantiosas fortunas. Esto puede y debe cambiar con la nueva administración. Es imperativo, por ejemplo, que se aprueben las reformas para perfeccionar la figura de la extinción de dominio desde la Constitución y que el régimen de prevención e identificación de operaciones de lavado se consolide como prioridad.
Hay que cambiar el estruendoso mantra de “¡Cárcel al crimen y saqueadores!”, que no ha tenido impacto en la vida pública, y buscar, no como se dice coloquialmente que devuelvan lo robado, sino que el estado tenga mecanismos jurídicos eficaces para recuperar los bienes y una férrea voluntad, verificable a través de la rendición de cuentas para conseguir hacerlo.
