Ernesto Osorio
Conocer los vericuetos en la aplicación de la ley vigente en esta Ciudad de México para lograr un acto de justicia, no sólo sorprende, indigna.
Sergio Enrique Rodríguez Rodríguez tenía 27 años. Era un muchacho dedicado a su profesión que irónicamente era el Derecho y a la cual abrazó con particular entusiasmo. Se formó profesionalmente hasta llegar a las puertas de su doctorado, pero el día en que se presentaría a revisar su tesis para obtener fecha de examen ya no pudo llegar. Gonzalo Pérez Morales, un sujeto de 29 años, lo privó de la vida al estrellar -a toda velocidad y en completo estado de ebriedad- su camioneta Lobo contra el automóvil de Sergio, quien esperaba el cambio de la luz roja del semáforo en avenida Centenario, demarcación de Coyoacán.
Objetivamente. Un tipo inconsciente por los efectos del alcohol que ingirió voluntariamente viola el Reglamento de Tránsito, al conducir en esas condiciones y comete un homicidio imprudencial en contra de otro joven, que atendía las indicaciones del mismo ordenamiento normativo, esperando la luz verde para seguir su trayecto.
¿Merecía Sergio ese fin?
El responsable de esta indolencia fue detenido en el lugar de los hechos. Videos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública, en posesión de quien esto escribe, comprueban sin duda alguna que el sujeto iba intoxicado por el alcohol; incluso los testigos que se encontraban a lado del policía de tránsito que registra el video, comentan entre ellos el estado etílico del responsable, quien con trabajos logra subir a la patrulla que lo condujo a la agencia del Ministerio Público.
Las horas que transcurrieron después del percance fueron por demás crueles para la familia de la víctima. Recibir con sorpresa la llamada del Ministerio Público, quien sin tomar reserva alguna le pide al hermano de Sergio acuda a identificar el cuerpo en atención al protocolo que deben de seguir, no es la única conducta insensible que se comete; lo es también el tiempo para tomarle declaración al inculpado, lo es el hecho de que el responsable se haya negado a que se le practicara el examen físico para verificar su estado etílico, amparándose en lo que marca el protocolo de la Secretaría de Salud capitalina que le concede ese derecho; lo es el hecho de no dispensar la necropsia y que la familia recibiera el cuerpo de la víctima mutilado por atender los protocolos del forense para que se certifique muerte por accidente de tránsito, y lo son las más de nueve horas de trámites que fueron de tortura.
¿En dónde estaban los Derechos Humanos de la víctima? En todo este tiempo nunca se invocaron por la autoridad responsable en el Ministerio Público.
Cumpliendo con los tiempos legales, la autoridad ministerial consignó la carpeta de investigación al juez de control en guardia, en este caso al titular del juzgado en el Reclusorio Sur, Enrique Juárez Saavedra, el mismo que en 1995 fue acusado por la Comisión de Derechos Humanos de la capital por no atender el debido proceso en el caso de una mujer acusada de homicidio.
Con ese antecedente y apegándose a lo que marcan la Constitución Política de la Ciudad de México y el Código Penal vigente en esta capital, el juez revisó el pliego de consignación en el que se clasificó el delito como homicidio doloso, pero atendiendo lo dispuesto por el Código referido, reclasifica el delito en homicidio culposo y el responsable recupera su libertad.
Hoy, Gonzalo Pérez Morales se encuentra en la calle, en su domicilio, libre de volver a tomar un volante en estado de ebriedad, sin medidas precautorias para evitar que escape al proceso penal que deberá seguir en el juzgado, pero sobre todo, está vivo.
La defensa de la víctima apelará el resolutivo del Juez, pero en opinión del abogado que lleva la causa, el mismo Código Penal cuenta con inconsistencias y lagunas legales que benefician al responsable para que siga su proceso en libertad.
Existen antecedentes que pudieran invocarse para evitar un acto de injusticia e impunidad. Carlos Salomón Villuendas, el conductor del BMW que en circunstancias parecidas estrelló su automóvil en marzo del 2017 contra un poste en Paseo de la Reforma y que ocasionó la muerte instantánea de cuatro personas, siguió su proceso dentro de la cárcel.
Sólo que el efecto mediático que ocasionó este percance presionó para que el juez negara el derecho de libertad al responsable, quien ya recibió la sentencia de nueve años y seis meses de prisión.
Hoy, la familia de Sergio está a merced de lo que rigen las leyes penales vigentes y llora a su ser querido con la impotencia de no tener la avalancha mediática volcada a su favor y en contra del juez para evitar que se concrete un acto de injusticia. Hoy, los diputados del Congreso de la Ciudad atienden más su agenda política, que la jurídica; hoy, es la familia de Sergio; mañana, quizá sea yo, usted, o un integrante de su familia.
La inseguridad, debemos tenerlo presente, no sólo es la que se comete con dolo y premeditación, sino también la que se comete con imprudencia; pero eso no lo registran nuestros legisladores, que se desviven por defender los derechos de las mascotas para recibir una herencia o por los derechos de una consulta pública para anteponer un proyecto político, por encima de los intereses más sensibles de sus gobernados.
Comprobado, estamos a merced de la impunidad que amparan nuestras leyes. ¿Debemos resignarnos?
