Ernesto Osorio
El comercio en vía pública ha transitado de ser una actividad de sobrevivencia económica, a una alternativa para el clientelismo político y para el encubrimiento de diversas actividades del crimen organizado.
Su fortaleza se sustenta en tres pilares: una amplia densidad demográfica, la riqueza económica que genera y la falta de una regulación propia.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) al cuarto trimestre de 2018 en el país había más vendedores ambulantes en las calles que maestros en las aulas, un aproximado de 12 millones comerciantes de la calle contra un millón 803 mil docentes.
Aquí en la Ciudad de México el comercio informal involucra a 1.9 millones de personas, de los cuales poco más de la mitad labora por cuenta propia y 4 de cada diez lo hacen para un patrón, ya sea una persona u organización.
Por otro lado y con base en datos también del Inegi, el 25% del Producto Interno Bruto a nivel nacional lo aportan los vendedores callejeros, en tanto que aquí en la Ciudad de México, el porcentaje rebasa el 40%.
Tan solo en la demarcación de Cuauhtémoc, una de las de mayor concentración de ambulantes, el comercio en vía pública deja cerca de 60 millones de pesos a la semana, según datos de la Cámara Nacional de Comercio.
Pese a ello, la actividad del comercio en vía pública carece de un reconocimiento legal pues no está regulada y ese limbo jurídico en el que se encuentra la ha convertido en fácil presa de los partidos políticos y el crimen organizado que mediante chantajes o amenazas, suman a sus respectivas organizaciones a millones de personas.
Es cierto que la Constitución de la República y la Constitución local de la CDMX reconocen la existencia del trabajo no asalariado y el derecho de todo ciudadano a dedicarse a la actividad laboral que más le guste, siempre y cuando no sea ilícita, pero la normatividad es prácticamente nula en temas como el de los impuestos y otras prestaciones sociales.
Aquí en la Ciudad de México, las últimas tres legislaturas de la extinta Asamblea Legislativa dejó tres intentos de reformas para regular la actividad del comercio en la calle pero ninguna prosperó debido a la falta de voluntad política de los partidos que se niegan a renunciar al control que ejercen sobre esta población.
La semana pasada la diputada federal por el extinto Partido Encuentro Social (PES) María Rosete Sánchez, convocó para los próximos 9 y 10 de abril a unos foros de discusión en la Cámara de Diputados para escuchar a todas las personas que de manera directa o indirectamente se dediquen al comercio informal y con base en sus ideas o sugerencias construir el marco normativo federal para esta actividad.
Importante que la convocatoria provenga de una legisladora, que a su vez, es líder de los comerciantes del barrio de Tepito, un lugar donde el ambulantaje esta permeado por la delincuencia, pues eso le permitirá hablar el mismo idioma con los comerciantes.
Sin embargo, es lamentable que en este esfuerzo por reivindicar los valores de los comerciantes sigan apareciendo líderes políticos que insisten en sacar provecho de los comerciantes, como es el caso del que fuera líder del PES aquí en la Ciudad de México y actualmente diputado federal por ese partido, el pastor Armando González quien no solo desconoce por completo la situación del comercio informal en esta capital, sino que busca abiertamente respaldar a Rosete para ganar adeptos en la inútil batalla que emprendieron en el PES para recuperar su registro.
Si quieren que los intentos por regular al comercio informal avancen realmente, debería considerarse como una regla de oro el impedir que las organizaciones de vendedores sean patrocinadas por partidos políticos. La experiencia nos ha demostrado que esta relación vicia todo intento por regular su actividad.
Ejemplo de ello, sucedió en diciembre pasado en la ciudad de Los Ángeles Estados, Unidos donde se aprobó un reglamento que regula y acepta el ambulantaje en las calles de esa metrópoli.
El nuevo ordenamiento impone ciertos requisitos para la venta de mercancías en las aceras y los parques de la ciudad, incluida la venta de alimentos y las medidas de higiene asociadas a ésta actividad comercial. Asimismo, prohíbe a las organizaciones de comerciantes realizar trabajo político, so pena de perder el permiso que por primera vez ha concedido el Condado angelino.
Desvincular el trabajo de un comerciante de toda actividad que conlleve proselitismo a favor de un partido es algo inaplazable de aprobar, pues sólo así se terminará esta especie de trata de personas que todos los partidos en esta ciudad aplican y sin excepción.
Ojalá que la diputada Rosete, quien cuenta con un trabajo social ampliamente reconocido por sus agremiados, camine a lado de verdaderos conocedores de la economía para construir esta norma y no de parásitos “bara-bara” que subsisten a costa de todos nosotros
