Jaime Calderón G.
Estas semanas fuimos testigos de eventos muy dolorosos y preocupantes. En días recientes aparecieron 20 cadáveres descuartizados y colgados en Uruapan, Michoacán; y se hallaron más de 15 bolsas de plástico con cuerpos desmembrados en Veracruz. Aunado a la matanza de El Paso, Texas en la cual un supremacista blanco, con la expresa intención de asesinar a mexicanos, mató a 22 personas.
Respecto a los hechos de Michoacán y Veracruz, es bien conocida la posición del presidente López Obrador de no caer en “provocación” o “conflicto” con los cárteles del narcotráfico, una decisión polémica, en el filo de la legalidad, que podría terminar por entregar lenta, pero inexorablemente el país a la delincuencia organizada.
El Presidente, parece ignorar que la primera función del Estado, la que justifica su permanencia, es la de garantizar la integridad y supervivencia de sus gobernados.
Su visón es que el Estado es simplemente una suerte de distribuidor de la riqueza, cuyo deber es quitarle a los ricos para entregarle a los pobres, una especie de Robin Hood, que no encuadra con los deberes del titular del Ejecutivo.
La única razón que explica que las personas renunciamos a porciones importantes de nuestra libertad, es el compromiso del gobierno de preservar nuestra vida, integridad física y bienes. Esta función del Estado policía o gendarme es la primera que reconoce el derecho público, un Estado no interventor que permite que los particulares —dejar hacer, dejar pasar— se encarguen de la actividad económica. Posteriormente se adscribieron al ente estatal otras responsabilidades, por ejemplo, en materia de fomento, salud y cultura, tomando forma el Estado de bienestar de la posguerra. Su función esencial de resguardar la seguridad de los gobernados, sin embargo, se entiende implícita y no puede perderse de vista, pues sin ésta todo lo demás carece de sentido
La seguridad pública es un derecho humano, en sentido contrario de lo que opina la actual administración, no es una decisión política que se pueda abandonar si no conviene a la popularidad. La seguridad se relaciona con el respeto y la tutela efectiva de otros muchos derechos. Sin seguridad, por citar algunos, no hay vida, libertad, derecho de propiedad, salud, etc. Si nos importa el crecimiento económico, no debemos olvidar que los capitales nunca se moverán a países que no les garanticen un mínimo de seguridad y certeza jurídica. En la Constitución la seguridad encuentra sus bases fundamentales en el artículo 21, que establece el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
La respuesta que nuestro gobierno ha dado al problema de la seguridad pública es la creación de la Guardia Nacional. Un cuerpo perversamente caracterizado como civil, pero en realidad militar. Esto significa la continuidad de las políticas en la materia de las dos administraciones anteriores, con sus luces y sus sombras. La “capacitación”, para convertir soldados en policías dura siete semanas; es ingenuo suponer que en ese lapso una persona abandonará sus bases formativas, adoptará otras estructuras de pensamiento y adquirirá los conocimientos necesarios para desempeñar una labor policiaca, ya no de seguridad nacional, con pleno respeto a los derechos humanos.
En el camino se ha lastimado a la Policía Federal, y, por si fuera poco, el Presidente ha expuesto a las Fuerzas Armadas a episodios vergonzosos, como el de La Huacana, Michoacán, en los que ha perdido autoridad y respeto.
La Guardia Nacional se ha abocado a detener migrantes, catear pasajeros en autobuses y en el metro de la Ciudad de México, esto es militarización.
Por supuesto que la presencia policiaca es imprescindible, en el combate al crimen organizado, sin embargo, no debemos olvidar, que transformar los elementos que favorecen las conductas antisociales es el único camino para salir adelante.
México requiere volver a la ruta del crecimiento económico, pues las políticas asistencialistas no solo no mejoran, sino que empeoran a largo plazo la situación.
Si todo problema es un área de oportunidad mal atendida, las políticas de esta administración están sembrando la semilla de una catástrofe futura.
Es necesario concientizarnos de la importancia del respeto a la ley, que permite la inversión y la construcción de riqueza. Aún es tiempo de recuperar el sendero correcto, pero no debemos perder más tiempo. Nuestra sociedad tiene que ser capaz de ofrecer un futuro alentador a sus jóvenes. Transformar desde las ideas la realidad…
