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Soplones oficiales

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Hugo Morales Galván

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) no tiene idea de cómo contrarrestar la espiral de la violencia que sangra las calles de las 16 alcaldías capitalinas. Lejos de un análisis instrospectivo para ver las fortalezas y debilidades del aparato policial, se lanza al vacío con un proyecto que colocará en la mira del crimen organizado a 71 mujeres sin capacitación ni experiencia en labores de inteligencia, policiacas o de investigación.

El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública encabezado por Salvador Guerrero Chipres, y el titular de la Policía de Investigaciones (PI) de la PGJCDMX, Bernardo Gómez del Campo, afirmaron que esta red ciudadana de inteligencia ya está en operación con mujeres al frente en las 71 coordinaciones territoriales, quienes incentivarán la denuncia telefónica para agilizar las investigaciones policiales.

¿Cuál fue el criterio de selección de esas 71 mujeres? ¿Hubo una convocatoria pública? No. No hay registro de que haya ocurrido ni qué estrategia de gobierno la contempló o cómo es que llegaron a esa conclusión. Pero según titular de la PI son “mujeres, porque tienen más confianza en el acercamiento, hubo una selección de acuerdo a su perfil  social humanista, todas ellas son profesionistas del área humanistay se dedican prácticamente a obtener el dato y todo el proceso de inteligencia que lleva a que esa información entre a una carpeta de investigación ya existente  y si no está ya integrada, tenemos suficiente información  para buscar al denunciante, estamos buscando al denunciante, no estamos esperando a que llegue”. Más aún aseguró que la información recibida será trabajada de forma “cerrada” junto con el Consejo Ciudadano.

¿Qué significa esto? Es una declaración al surrealismo. ¿Qué es un perfil social humanista? ¿Qué documento policial de inteligencia lo contempla y cómo lo define? ¿La preparación en labores de inteligencia no deberían de contemplar materias sobre historia y comportamiento del crimen organizado, historia y geneología del narcotráfico y la delincuencia organizada, y la experiencia internacional, como la del juez italiano Giovanni Falcone, o la experiencia en Colombia?, ¿o cómo se procesa información policial producto de denuncias o intercepcioens telefónicas, para cruzar datos y aplicar los protocolos existentes con la DEA o el el Departamento de Estado estadounidense, al menos?

Las denuncias telefónicas anónimas requieren de un protocolo particular para certificar que no son bromas, o que como daño colateral, puedan dañar la moral y dignidad de quien sea denunciado sin culpa alguna. Gómez del Campo raya en la ingenuidad total: no sólo no podrán resguardar las denuncias anónimas, sino que –lo dice él mismo–, el aparato policial será utilizado para buscar al denunciante. Es decir, si tú denuncias, el Gobierno no protegerá tu identidad, te buscará, y como ocurre con una policia con altos niveles de corrupción, se dará a conocer tu nombre. Según el peso delictivo de la persona denunciada, estará en juego tu vida. El Gobierno no garantiza la seguridad del denunciante.

El funcionario juega su palabra de que habrá control. ¿Cómo creerle a quien su propio aparato de inteligencia no le advirtió que uno de sus escoltas personales se empleaba de guarura con un lider de tianguista, y ambos fueron ejecutados dos semanas antes en la alcaldía de Gustavo A. Madero?

En las currículas de ambos no hay una sola línea que destaque su experiencia en seguridad ciudadana. Uno es policía de carrera, otro es periodista con alguna experiencia en transparencia.

El Gobierno de la CDMX carece de estrategia seria para erradicar la violencia. De manera irresponsable coloca en personas sin experiencia, una obligación suya: garantizar la seguridad.

Cierto, se puede involucrar a la ciudadanía en procesos que le permitan participar junto con el gobierno y la policía en tareas preventivas, generando capital social. Pero para que ello ocurra no estaría de más informarse un poquito de países donde los niveles de criminalidad les obligó a voltear a ver opciones que no fueran combatir el fuego con más fuego.

El Salvador con la “mara” lo ensayó. No estaría de más leer el estudio “Policía, Prevención, Capital Social y Comunidades en El Salvador”, de Ricardo Antonio Argueta Hernández. Leer no hace daño. Evitará la muerte de personas inocentes.

 

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