Por Alejandra Martínez
Como si no fueran suficientes las malas noticias para el PRD y el saliente Gobierno de la Ciudad, ahora el derrumbe de una parte del Centro Comercial Artz Pedregal pone a debate el mecanismo por el que se ha venido autorizando la construcción de plazas, edificios y otras estructuras en la capital del país.
A cuatro meses de haber sido inaugurada, la edificación que presuntamente se construyó siguiendo “procesos rigurosos” sufrió un derrumbe que a decir del secretario de Protección Civil, Fausto Lugo, se debió a un “problema estructural”, no del subsuelo y al sobre peso, declaración que, por decir lo menos, suena precipitada, puesto que cuando se emitió aún no existía el peritaje que la sustentara.
El Gobierno de la Ciudad y la Delegación Álvaro Obregón reaccionaron rápida y al parecer muy eficientemente ante el siniestro. El titular de Protección Civil no tardó en hacerse presente en el lugar y la delegación se apresuró en proporcionar la información de los permisos de construcción correspondientes. Pero esta eficacia no cubre todo lo que el caso tiene detrás, que, por supuesto, va más allá del aspecto técnico del otorgamiento de permisos.
Artz Pedregal es una plaza que se ubica en una exclusiva zona habitacional, cuyos vecinos se organizaron para expresar sus protestas, que al parecer nadie escuchó; incluso, promovieron amparos que de poco o nada sirvieron, puesto que el proyecto comercial, de varias hectáreas de extensión, finalmente vio la luz y comenzó a operar.
Hubo también protestas de ejidatarios, que advertían de la cercanía de la obra a la presa Anzaldo, en la que confluyen los caudales de lluvia provenientes de toda la Magdalena. Se trata de una zona que fue desecada a la fuerza, en donde, cuando llueve, el agua llega y arrasa. Es un lugar cuya vocación natural -como ocurre en tantos otros puntos de la ciudad- en algún momento terminaría por salir a la luz. Pero tampoco a ellos se les hizo caso.
Si a toda esta sordera y falta de previsión se le suma el elevado número de permisos inmobiliarios otorgados por el gobierno delegacional, el accidente deja ver ya su dimensión política.
Durante los últimos seis años, el boom inmobiliario en Álvaro Obregón fue más que evidente. Se trató no sólo de edificios de 20 o 40 departamentos, sino de conjuntos habitacionales y torres con más de 100 viviendas, como las que hoy se ven en Río Magdalena frente a las Clínicas 4 y 8 del Seguro Social, o las que están en la calle de Reforma, en Tizapán.
Si algo caracterizó al gobierno delegacional emanado del PRD durant e los últimos años fue autorizar construcciones a diestra y siniestra, sin importar la oposición de los vecinos, lo que dispara las alertas respecto a la política de desarrollo urbano de la región en específico, y de la ciudad en general. Se trata de un boom inmobiliario que inició en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, primero en cuatro delegaciones céntricas, con el argumento de repoblarlas.
El crecimiento anárquico en la delegación Álvaro Obregón no sólo llevará a que el nuevo gobierno revise con lupa los permisos, sino que obligará a buscar soluciones para resolver los problemas que esta política ha generado, como la saturación de servicios, la vialidad, la falta de agua, la inseguridad y problemas de recolección y destino de la basura, entre otros.
Para el gobierno delegacional, cuyo referente político fue el aún diputado Leonel Luna, así como para el saliente Gobierno de la Ciudad en su conjunto, este derrumbe se suma al sufrido por el PRD en las urnas hace apenas unos días, y otorga desde ya mismo a Morena y el nuevo gobierno uno de los primeros casos para investigar a los “malos gobiernos salientes”, dirán.
Luego del histórico derrumbe electoral sufrido el PRD y sus gobiernos hace apenas dos semanas, el accidente del Pedregal llega como un segundo derrumbe, en el peor de los momentos. Como dicen: nunca las malas noticias vienen solas.
