Alejandra Martínez
En marzo de este año, la OCDE organizó el foro Prioridades Estratégicas para México. Una de las mesas fue “Gobernanza para el Crecimiento Influyente”. En ella, una de las panelistas –académica, por cierto- preguntó a los presentes su opinión sobre la implementación del servicio civil de carrera en los gobiernos que tienen contacto más cercano con la gente en las alcaldías.
En el foro se encontraban algunos de los entonces jefes delegacionales y presidentes municipales, y ninguno respondió a la pregunta, aun cuando, en teoría, el servicio civil de carrera es la mejor alternativa para que los gobiernos, en todos sus niveles, funcionen como se debe.
Quienes sí opinaron fueron el resto de los panelistas, académicos y periodistas, que hablaron de las bondades del esquema, que permite aprovechar la experiencia de quienes tienen un cargo, así como dar continuidad a las políticas públicas, haciendo a un lado las circunstancias políticas.
En México es costumbre y tradición que los cargos públicos se asignen a personas cercanas a quienes detentan el poder, o bien se determinen con base en el pago
de cuotas a los grupos políticos que con sus votos contribuyeron al triunfo electoral.
Quien se atreve a romper tal esquema -dicen los políticos tradicionales- paga caro sus malas decisiones, sufriendo, de inicio, los embates de los grupos políticos que exigen el pago de sus cuotas.
Tal vez por eso cuando la jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, comenzó a presentar a su gabinete se desataron dudas en torno a los perfiles propuestos, porque no eran políticos.
Lo cierto es que a la hora de que un gobernante decide quienes serán sus colaboradores cercanos no siempre se toma en cuenta su perfil técnico y muchas veces ni siquiera la experiencia.
Justo por eso llaman la atención las reformas a la Ley de Alcaldías que recién aprobó el Congreso, porque en lugar de abonar a un mejor perfil de las estructuras de gobierno, se mantiene ese vacío tanto respecto a la profesión, como a la experiencia de los funcionarios.
La ley original establecía experiencia mínima y carreras específicas para tres cargos fundamentales en los gobiernos de primer contacto: abogados para el área Jurídica y de Gobierno; ingenieros o arquitectos para Obras, y para el caso de Administrativos también se requerían profesiones específicas, pero la nueva ley desapareció el requisito.
Fue así como se dejó carta libre para que alcaldes y alcaldesas designen a quienes quieran, aunque no tengan ni idea de lo que implica el cargo. Al fin y al cabo los ciudadanos son quienes pagan las consecuencias de que haya funcionarios que no cumplen con este principio, marcado por cualquier patrón cuando contrata personal. Tal razón por la que en la ciudad el servicio civil de carrera no prospera, y parece que no lo hará en breve en ninguna esfera del gobierno.
Otro ejemplo lo dieron los diputados locales al nombrar a Estela Carina Piceno Navarro como titular de Servicios Parlamentarios, quien carece de la edad, la carrera y la experiencia. ¿Que se trata de una mujer?, está bien, eso es bueno, pero si esa mujer no cumple con los requisitos y entra al cargo sólo como parte del pago de cuotas, la designación no es ni debe ser motivo de orgullo.
Existe en México la costumbre, la regla no escrita de que las plazas de confianza son para eso, para gente “de confianza”, para los equipos cercanos que, ¡claro!, ahí pueden ir aprendiendo, y que idealmente es posible que lleguen a conformar un equipo sólido con el personal que va de paso, pero eso por alguna razón todavía no sucede… cuando menos no en la ciudad.
