El pasado 21 de junio, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) dio un paso significativo en la gestión de residuos al aprobar, de manera unánime, reformas a la Ley de Residuos Sólidos y al Código Penal. Esta decisión fue respaldada por los legisladores Israel Betanzos Cortés, Mariana Moguel Robles, Antonio Xavier López Adame, Luciano Jimeno Huanosta y Socorro Meza Martínez.
Las reformas introducen un nuevo marco para el manejo de residuos considerados de “manejo especial”, como muebles y electrodomésticos, que deberán ser trasladados a depósitos autorizados a lo largo de las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Este movimiento busca asegurar un tratamiento adecuado y regulado de desechos que anteriormente carecían de un manejo específico.
La iniciativa procede en cooperación con la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad, que implementará la norma 024 sobre la separación de residuos sólidos urbanos, programada para entrar en vigencia el 8 de julio. Con estos cambios, cada delegación será responsable de gestionar eficientemente los espacios asignados para la recolección y disposición de estos residuos, lo que implica la eliminación de permisos especiales que actualmente dificultan su manejo.
Se ha establecido que los residuos de “manejo especial”, clasificados por su tamaño y reciclabilidad, deben ser dirigidos a sitios específicos para su tratamiento. Esta categorización incluye cuatro tipos de basura: orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables, y los mencionados residuos de manejo especial y voluminoso. Estos últimos, que en su mayoría consisten en muebles y equipos electrónicos, serán recogidos los domingos.
La aprobación de esta iniciativa también significa la derogación del artículo 30 de la Ley de Residuos Sólidos, lo que prevé un enfoque más organizado y realista hacia la recolección de basura, y una disminución en el uso de tiraderos clandestinos, un problema que ha afectado a la capital.
Además, la reforma al Código Penal modifica el artículo 67 bis, permitiendo que las autoridades de la Secretaría de Obras y Servicios y las delegaciones impongan sanciones por el incumplimiento de las nuevas normativas. Estas medidas pretenden garantizar que la recolección de residuos se lleve a cabo de manera controlada, mitigando así los problemas de disposición inadecuada que afectan a la ciudad.
Las nuevas regulaciones abarcarán varios ámbitos, incluyendo domicilios, empresas, y comerciantes de diferentes tipos, como mercados y concentraciones comerciales, fomentando la separación y el reciclaje de residuos en todos los sectores de la sociedad.
El enfoque integral hacia la gestión de residuos sólidos y la responsable separación sonora que propone esta nueva legislación representa un avance importante para la política ambiental de la Ciudad de México.
