Pablo Trejo
Uno de los problemas endémicos mas difíciles de superar en el modelo político mexicano, tiene que ver con el costo de tomar decisiones, lo que en muchas de las ocasiones supedita el desarrollo de políticas públicas al mantenimiento de una imagen popular, o incentiva a que esas decisiones se tomen basadas en el impacto en el ánimo de la gente más allá de hacer lo correcto.
Parte del problema tiene que ver con la información con la que cuentan nuestros políticos, otra, tiene que ver con las creencias y el estilo personal de gobernar, y un tercer elemento, que acaso es el más grave, es lo referente al costo político que deben asumir nuestros gobernantes al tomar decisiones. Pongamos un ejemplo claro: existe una queja generalizada entre los gobernantes de los estados de la República mexicana, acerca de la falta de recursos para impulsar el desarrollo en sus regiones. Sin embargo, en gran parte de esos lugares, los gobernantes, decidieron eliminar el cobro de la tenencia vehicular por resultar una medida impopular, aunque en los hechos, ese impuesto, aportaba recursos significativos a las arcas públicas. ¿Porqué anteponer la necesidad personal de no pagar un costo político a sabiendas de que la medida tomada perjudicará de alguna manera el desarrollo estatal?
Los resultados son evidentes. Basta con que circulemos por cualquiera de las avenidas principales de la Ciudad de México, para darnos cuenta de que muchas de las placas vehiculares, sobre todo de los autos de lujo, son del estado de Morelos, o el estado de Querétaro, curiosamente lugares en donde, a diferencia de la Ciudad de México, no se paga la tenencia. Seguramente, en esos estados, los gobernantes se han encargado de difundir lo benéfico que resulta exentar de ese cobro a la ciudadanía, y ninguno de ellos habla sobre las obras o políticas públicas que se han dejado de hacer por no contar con esos recursos.
En días recientes, se registraron altísimos niveles de contaminación en la Ciudad de México, lo que generó una especie de sicosis colectiva que no se veía desde los días de la crisis provocada por el virus de la influenza. En aquella ocasión, las autoridades tomaron la decisión de suspender drásticamente las actividades, sin importar que eso significara un alto costo político. A la luz de los hechos, se trató de una decisión impopular, pero correcta ya que, de no haberse tomado, las consecuencias pudieron haber resultado desastrosas. A diferencia de aquella ocasión, en la reciente crisis ambiental, a algunos nos pareció que nuestras autoridades debieron tomar medidas mucho más drásticas. ¿Porqué no parar absolutamente el tráfico vehicular? La respuesta es sencilla: por que eso hubiese generado un malestar generalizado y obviamente, hubiese representado costos políticos considerables.
Al inicio de esta columna nos referíamos al modelo mexicano, debido a al papel protagónico personal de quienes ostentan el poder. Si contásemos por ejemplo, con un organismo ambiental independiente, con la fuerza institucional suficiente para poder, por ejemplo, prohibir en su totalidad la circulación de vehículos, se eliminaría el costo político para la cabeza del gobierno, ya que se trataría de una decisión de especialistas que no requieren de salvaguardar su imagen ni requieren tampoco valorar el costo político de una decisión.
Tal vez, la parte positiva de esta mini crisis, sea la oportunidad de abrir la discusión acerca de despolitizar algunas de las decisiones públicas, y con ello, su costo político, y eso sería un gran logro de la 4T.
