Patricia Sotelo
Indigna el caso de la joven que fue violada por cuatro policías de la Ciudad de México en la delegación Azcapotzalco. Indigna y enfurece porque los agresores son quienes debieron brindar seguridad a la víctima de tan solo 17 años que en la madrugada caminaba hacia su casa. Por el contrario, abusaron de la autoridad que les brinda portar una placa y un uniforme para cometer el crimen.
Pero, además, la indignación creció cuando el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta Martínez, afirmó que los policías agresores seguían en sus labores debido a que la víctima no continuó con el curso de la denuncia y no existía una imputación directa contra ellos.
Más aun, aumentó el enojo cuando se supo que la joven desistió –al menos por el momento- porque teme por su vida, ya que desde la Procuraduría General de Justicia capitalina se filtró el expediente a los medios de comunicación, que incluye los datos personales de ella; es decir, su nombre y su domicilio.
Este caso evidencia el por qué la ciudadanía desconfía de las autoridades encargadas de procurar justicia.
¿En manos de quiénes estamos los ciudadanos en materia de seguridad? ¿Tenemos que cuidarnos no solo de los delincuentes sino también de los policías?
¿Es en serio que Orta Martínez y la procuradora, Ernestina Godoy, protegerán a los criminales en vez de a la víctima que, además, es una menor de edad? ¿Dejarán a los cuatro criminales policías rondando las calles de la ciudad con el riesgo de que cometan una nueva violación? ¿Permitirán que queden impunes?
La procuradora ha dicho que en tanto no exista una imputación directa contra los policías violadores, no se podrá integrar una carpeta de investigación y, por lo tanto, tendrán que regresar a su trabajo. “No vamos a fabricar culpables”, afirmó.
En términos legales, Godoy tiene razón. Pero en este caso, en el que la joven, además del trauma que seguramente le representa haber sido violentada brutalmente por cuatro hombres, que además son policías, y que al filtrarse sus datos personales teme por su integridad y la de su familia, las autoridades deberían brindarle apoyo protegiéndola y guiándola para que continúe su denuncia en condiciones de seguridad.
Se entiende que la joven y su madre no hayan querido seguir con el trámite legal porque la filtración de la denuncia les generó desconfianza en las autoridades. Ahora toca a éstas hacer todo lo posible por recuperar la confianza y garantizar justicia.
Ya de por sí es traumático para una mujer que ha sido violada acudir al Ministerio Público a presentar la respectiva denuncia, como para que, además, su vida corra peligro por torpezas de las autoridades.
Por lo pronto, los cuatro agresores, ya identificados, deberían estar resguardados como medida preventiva para que no huyan y enfrenten la acusación. No se sabe con certeza si regresaron a sus funciones o no, ya que mientras el secretario de Seguridad Ciudadana dijo que sí, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, lo negó. ¿Quién miente?
No es momento para que Orta Martínez y Godoy estén más preocupados por los derechos laborales de los policías que por la gravedad de sus acciones.
Hace tres años, cinco hombres violaron a una joven de 18 años, en España, y fueron enjuiciados. Les llamaron “La Manada”, nombre que ellos mismos pusieron al grupo que tenían en WhatsApp en el que comentaban las violaciones que cometían a mujeres. El nombre les quedó perfecto, pues manada significa “grupo de animales de una misma especie”. Los cuatro policías que violaron a la joven en Azcapotzalco merecen ese sobrenombre.
Sheinbaum debe cumplir su palabra de castigar a los culpables. No hacerlo sería proteger a ”la manada” con placa y uniforme y darle la espalda a una joven que sufrió violación tumultuaria por policías, y a una sociedad que exige seguridad.
