Alberto Cuenca
Agosto y septiembre serán meses definitorios para el futuro de esta Ciudad en materia urbana y de sustentabilidad. Durante ese bimestre el Congreso capitalino entrará a la discusión y aprobación de una nueva Ley de Planeación del Desarrollo que fincará las bases para la conformación de otras normas secundarias y del decisivo Instituto de Planeación Democrática.
Será un periodo donde vecinos, integrantes de organizaciones sociales, activistas, académicos, especialistas, pero también desarrolladores inmobiliarios y cabilderos de estos últimos buscarán hacerse escuchar, para incidir en la redacción de un ordenamiento que resultará fundamental para la capital del país a mediano y largo plazo.
En una ocasión anterior comentábamos del carácter estratégico que tendrá dicha Ley de Planeación, pues a partir de la misma se deben conformar el Programa General de Ordenamiento Territorial, el Plan General de Desarrollo, el Programa de Gobierno, el Programa General de Ordenamiento Territorial de la Ciudad, así como los programas de ordenamiento de las alcaldías.
Por ello también hay activistas y representantes de organizaciones no gubernamentales como Suma Urbana y Ciudadanía 19S que han alzado la voz para alertar sobre un intento de la bancada mayoritaria de Morena y sus aliados políticos para aprobar una Ley de Planeación a modo de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y de poderosos grupos empresariales congregados en torno a la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi).
Para esas ONG´s, tanto la iniciativa de Ley de Planeación que en mayo pasado presentó Claudia Sheinbaum como la que elaboró el diputado panista Federico Döring, pretenden regresar al mismo modelo de Ciudad que se tenía con la administración de Miguel Ángel Mancera: desordenado, caótico, contradictorio y de vacíos en la gestión urbana, donde prevalece la visión comercial y económica de crecimiento por encima de la sustentabilidad.
En este espacio comentábamos a inicios de mayo que la iniciativa de Sheinbaum permitía la injerencia de la iniciativa privada en los órganos colegiados previstos constitucionalmente para definir nombramientos dentro del Instituto de Planeación.
Esa misma advertencia la hacen activistas como Josefina McGregor, de Suma Urbana, quien incluso le pone nombre y apellido a las pretensiones de Sheinbaum para colocar en el Instituto de Planeación a un personaje maleable a la jefa de Gobierno y afín a los desarrolladores inmobiliarios.
Tal personaje, acusa McGregor, es Pablo Benlliure Bilbao, actual director de Planeación de Desarrollo de la Seduvi. Académico de la UAM Xochimilco, cercano al ex secretario de Desarrollo Urbano, Roberto Eibenschutz, Benlliure fue el encargado de presentar el pasado 14 de mayo ante la Comisión de Planeación del Desarrollo del Congreso capitalino la iniciativa de Sheinbaum.
Para McGregor ese ejercicio de “presentación” fue una estrategia de la mandataria capitalina para placear a Benlliure ante los legisladores, aunque para la activista ese funcionario de la Seduvi tiene claros conflictos de interés, porque al mismo tiempo que ha colaborado con la administración pública lo ha hecho con la industria inmobiliaria.
En 2014 y como catedrático de la UAM, Benlliure fue el coordinador del proyecto técnico de la cuestionable Norma 26, misma que en los años siguientes del gobierno de Mancera fue desvirtuada y utilizada por desarrolladores inmobiliarios para cometer abusos y edificar viviendas en franca violación a los usos de suelo.
Mientras era académico, Benlliure también formó parte como asociado, del despacho HJM Consultores, una firma dedicada a brindar asesoría a la iniciativa privada en materia de gestión urbana, planeación territorial, diseño urbano y procuración de fondos para el financiamiento de proyectos.
El año pasado, esa consultoría HJM Consultores fue señalada por vecinos de Lomas de Chapultepec por recomendar el desarrollo y fraccionamiento de lotes residenciales para construir más vivienda en esa zona, a pesar de la oposición vecinal.
Las dudas de Mcgregor podrían estar fundadas, en el sentido de que ya hay muchas decisiones tomadas, lo que sería lamentable, pues entonces los foros que se organizarán en el Congreso de la Ciudad los días 5, 6, 12 y 13 de agosto, podrían resultar una mera simulación.
