Alberto Cuenca
En la Ciudad de México el triunfo de la 4T trajo un previsible descabezamiento de los cacicazgos más perniciosos, anquilosados y corruptos del sindicalismo local.
Por una evidente revancha, el morenismo ha actuado contra nocivos líderes gremiales para arrebatarles un control del que han gozado por lustros y que les ha permitido cometer abusos e ilegalidades.
Los cambios en las dirigencias laborales pueden ser algo muy bueno para la democracia sindical, pero también algo muy malo, porque en el afán de colocar un perfil afín al poder político en turno, se corre el riesgo de repetir en copia calca las insanas prácticas del pasado reciente.
En la Jefatura de Gobierno se diseñó la estrategia política y jurídica para lograr al derrocamiento de los impresentables dirigentes del Sindicato de Bomberos, Ismael Figueroa, y del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX, Juan Ayala, quienes encarnan lo más perjudicial de esos líderazgos gremiales.
Desde la campaña electoral, Claudia Sheinbaum ya tenía en la mira a ambos personajes, pues tanto Figueroa como Ayala no sólo apostaron al sui generis Frente que conformaron el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, al ser candidatos a diputados locales por esa coalición, sino que utilizaron la estructura que les daba su liderazgo para atacar a la entonces candidata y al proyecto morenista.
Envalentonados, en 2018 ambos personajes movilizaron a sus seguidores y obligaron a sus representados a hacer promoción política en favor del Frente y de sus propias candidaturas, pero a pesar de las triquiñuelas perdieron en los comicios del año pasado y hoy padecen las consecuencias.
Ismael Figueroa enfrenta la negativa de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la cual emitió un laudo desconociendo la dirigencia que por 12 años encabezó el susodicho personaje. Además, sobre él pesan investigaciones penales y administrativas por la venta de plazas laborales, amenazas a disidentes, acoso sexual y laboral, así como por el desvío de recursos públicos en el Cuerpo de Bomberos.
La semana pasada 73 de 120 concejales del LX Congreso General Ordinario del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad votaron por la destitución de Juan Ayala, quien buscaba su reelección hasta el año 2023, luego de permanecer como dirigente desde 2011.
Ambos personajes y por distintos medios hicieron saber que su destitución es ilegal y que la combatirán, mientras que Claudia Sheinbaum festejaba el derrocamiento al expresar: “Me parece bien el avance de la democracia en los sindicatos”. La mandataria también agregó que en el caso de Ayala hay carpetas de investigación abiertas, aunque no precisó cuántas ni por qué casos.
Por sexenios se ha sabido que desde las oficinas del Antiguo Palacio del Ayuntamiento se toman las decisiones sobre el futuro gremial de la capital del país, particularmente respecto al SUTGCDMX, porque es el tercero más grande del país con más de 150 mil agremiados y porque un liderazgo afín al mandatario en turno garantiza la gobernabilidad.
A mitad de su sexenio como jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador operó para remover a José Medel, militante priísta que entonces ocupaba la dirigencia del SUTGDF. En su lugar llegó Enrique Hanff, ligado a René Bejarano y que permaneció en el cargo alrededor de ocho años, hasta que en el sexenio de Marcelo Ebrard este último palomeó a Juan Ayala por recomendación directa de Jesús Zambrano, muy a pesar de la protesta del propio Hanff.
Ayala logró congraciarse con Miguel Ángel Mancera y duró en la dirigencia todo el sexenio anterior, apoyando políticamente las aspiraciones presidenciales del jefe de gobierno.
Hoy 73 concejales lo destituyeron y colocaron en su lugar a un dirigente interino, Héctor Castelán Moreno, cuyo mayor mérito ha sido encabezar la dirigencia de la sección 9 del SUTGCDMX en donde convergen 2 mil trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Así como la de Castelán iniciaron en este sindicato las historias de quienes estuvieron antes, con la protesta del predecesor, el espaldarazo del mandatario en turno, las acusaciones de corrupción en el proceso y la expectativa de un cambio que nunca llega y que se vuelve más de lo mismo.
