Arturo Páramo
La semana reveló lo difícil que es gobernar en medio del desmantelamiento de un régimen para sustituirlo por uno que deja dudas.
La bomba la dejó caer el ex Secretario de Hacienda, descarnando la toma de decisiones, de que sí existen pugnas por cómo se manejan los recursos, que no todos en el gabinete presidencial agachan la cabeza, y que sí hay quien le habla al oído al titular del Ejecutivo.
Carlos Urzúa se fue porque entiende que la prioridad en el gobierno no es la viabilidad de los proyectos emblemáticos sino el lustre que da el reparto de beneficios económicos a las personas más necesitadas del país. Tan necesarios unos como otros, sin embargo, el desaseo de los grandes proyectos quedó evidenciada por el ahora catedrático del Tecnológico de Monterrey.
La falta de capacidad en los cuadros que le fueron impuestos a Urzúa también fueron una revelación hecha pro el ex funcionario que sigue pendiente de ser atenida, pues todos ellos siguen en el ejercicio de gobierno.
Si existe un rubro en el que está en entredicho en estos días es el caso en el que el congreso de Baja California aprobó la extensión de dos a cinco años el periodo del gobernador recién electo. Pese a ser una violación clara a la Constitución, a las leyes electorales y un desafío al sentido común, el silencio, las evasivas y los rodeos del presidente son, al menos, inquietantes.
Es difícil de explicar que un personaje que sufrió los embates de cada gobierno en turno sea tan reacio a descalificar la extensión del periodo del gobernador bajacaliforniano, a menos de que exista el compromiso previo de ejecutar esa maniobra, algo que debe aclararse.
En tanto, las protestas contra esa decisión del congreso local las encabezan Cuauhtémoc Cardenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, quienes hace 30 años luchaban codo a codo con Andrés Manuel López Obrador exigiendo certezas electorales. Es un “Deja Vú” desalentador, pues también revela que no existen cuadros en la oposición con la calidad moral o peso político que puedan confrontar al poder presidencial y esas voces deben ser veteranos dentro de la propia izquierda e incluso que son parte del Régimen desde donde vienen los cuestionamientos más serios y consistentes.
Otro punto que marcó al gobierno es el haber soportado durante siete meses a Carlos Lomelí, pese a las denuncias constantes de sus conflictos de interés vendiendo medicinas a sobreprecios al gobierno durante años, una de las actividades más repudiadas y condenadas por el propio presidente de la República.
Hay que recordar que el delegado de programas sociales en Jalisco, o “super delegado” en esa entidad llegó por designación presidencial, pese a que se conocía de tiempo atrás los negocios en que están involucrados él y su familia.
Estos episodios tienen su equivalente y su reflejo en la Ciudad de México, donde se presumen oficialmente datos de desempleo que revelan qué hay una desaceleración económica.
En las estadísticas dadas a conocer por la propia Jefatura de Gobierno se habla de que con 21 mil 197 empleos generados en mayo la capital del país está a la cabeza de ese rubro en México.
El propio estudio señala, sin embargo, que “hay que reconocer que en lo que va del año y dada la coyuntura macroeconómica nacional e internacional, la generación de empleo en el período de enero a mayo 2019 sufrió un desaceleramiento respecto al mismo período del año anterior. De enero a mayo 2019 se generaron 41 mil 399 empleos formales mientras que el año pasado se habían registrado en este mismo periodo 66 mil 094 empleos formales”.
Pocos puntos hay para presumir en los cerca de ocho meses de la llamada Cuarta Transformación, y los temas de corrupción, inseguridad y economía siguen siendo los pendientes de la administración a todos niveles.
Las recientes encuestas demuestran que el costo del ejercicio de poder es implacable y los acontecimientos aquí descritos hacen prever que los niveles de aprobación seguirán, sin pausas, a la baja.
