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Las pifias de la 4T

Que el presidente López Obrador desconozca el ámbito de competencia de la CNDH puede entenderse, pero es increíble que sus asesores y más aún la propia Consejería Jurídica de la Presidencia, no conozca las atribuciones y facultades del órgano autónomo defensor de los mexicanos ante los abusos de autoridades legalmente constituidas. 

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Alejandro Zúñiga

En su mañanera del viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió, otra vez, deficiencias e ignorancia de su gabinete sobre la administración pública.

Además, volvió a disparar ocurrencias en vez de proponer políticas públicas coherentes y sustentadas.

El mandatario informó que dos días atrás solicitó a su gobierno que interpusiera una queja “contra quien resulte responsable”, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por el bloqueo en vías férreas que mantiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), en Michoacán.

AMLO explicó que pretendía evitar el uso de la fuerza, pues antes “había la costumbre de que la queja era a la autoridad, y ahora lo que se va a hacer en estos casos, es pedir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (sic.) que nos recomiende qué se hace para no usar la fuerza”.

Denunció que los de la CNTE “decidieron que iban a quitar el plantón y no lo quitan, nosotros hemos hecho todo para satisfacer sus peticiones; ya se les pagó, pero continuaron con esto”, lamentó.

El mismo viernes, en un comunicado nicturno, como para que nadie se enterara, la CNDH respondió a la Consejería Jurídica de la Presidencia.

La CNDH rechazó, por carecer de competencia, su petición para ayudarla a resolver el conflicto con la CNTE en Michoacán. Le recordó que sólo tiene facultades para conocer e intervenir en actos u omisiones de autoridades que violenten los derechos humanos.

Le recordó que sólo tiene facultades para conocer e intervenir en actos u omisiones de autoridades que violenten los derechos humanos.

No obstante, más como una cortesía que para intervenir, el organismo se pronunció porque las partes involucradas busquen la solución mediante acuerdos, en el marco de la ley.

Y en forma penosa, la CNDH le reviró a la Presidencia su petición, al recordarle que “las autoridades tienen la obligación de proteger y garantizar los derechos de las personas, mandato al que no pueden renunciar o delegar a terceros”.

Es consabido que los ombudsman solo intervienen en casos donde una persona estime que sus derechos humanos han sido vulnerados por acciones u omisiones de una autoridad administrativa o servidor público, con excepción de asuntos que pertenezcan al Poder Judicial o cuando se trate de temas electorales.

Que el presidente López Obrador desconozca el ámbito de competencia de la CNDH puede entenderse, pero es increíble que sus asesores y más aún la propia Consejería Jurídica de la Presidencia, no conozca las atribuciones y facultades del órgano autónomo defensor de los mexicanos ante los abusos de autoridades legalmente constituidas.

Que los abuelos los cuiden

La otra pifia de la 4T, fue la ocurrencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Carlos Urzúa, quien externó que los abuelos podrían apoyar a sus papás con el cuidado de los niños y que, un buen estímulo para ellos, sería destinarles los recursos que se van a reorientar de las estancias infantiles, afirmación que acogió y replicó ingenuamente el Presidente.

En sus 100 compromisos con la nación el 1 de diciembre pasado, cuando tomó posesión del cargo, López Obrador se comprometió a mantener las estancias infantiles y a regularizar los CENDIs promovidos por el Partido del Trabajo.

Por eso el gobierno federal tiene que ser mucho más objetivo, contundente y convincente en su argumentación para dar marcha atrás a esa promesa.

Nadie duda que puede haber fugas de recursos en algunas estancias infantiles o, incluso, que otras estén vinculadas a partidos políticos.

Pero seamos serios, que se documente, se informe y se proponga una estrategia y una política pública seria para no dejar en la indefensión a miles de niños y padres de familia, muchos de ellos que viven en comunidades indígenas, que son solteros, viudos o separados y necesitan que algún profesional cuide de sus hijos.

Proponer que esa tarea la hagan los abuelos es una barbaridad, por decir lo menos, porque muchos niños no tienen abuelitos, o viven en otro lugar lejano, están enfermos, indispuestos, trabajan, malcrían a los niños o simplemente no quieren ser esclavizarlos los últimos días de su vida, o por miles de razones más.

Por favor Cuarta Transformación, sean serios, dejen las ocurrencias y asesoren bien al Presidente o perderán la credibilidad más temprano de lo que imaginan.

Lo nuestro es la #política en la #CDMX; si en verdad te late la grilla chilanga en las redes, visita nuestra página: https://elinfluyente.mx

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