Alberto Cuenca
La Auditoría Superior de la Ciudad de México acaba de entregar al Congreso de la Ciudad el Primer Informe Parcial de Fiscalización de la Cuenta Pública 2017. De la revisión destacan resultados negativos a dependencias, como a la Secretaría de Movilidad (Semovi), por la omisión y desorden que ha imperado en la regulación de las plataformas móviles dedicadas a presentar el servicio de transporte privado, así como la inacción para destinar millones de pesos que empresas como Uber y Cabify aportaron al Fondo para el Taxi, para una supuesta modernización del transporte público concesionado.
Los resultados de esa auditoría, la ASCM/1517, son reveladores, pues dejan al descubierto cómo durante la anterior administración la Semovi actuó con pasividad, ineficacia y negligencia para poner en orden a esos servicios de transporte privado.
De entrada, se presentan datos que las autoridades capitalinas habían mantenido en la opacidad, como el monto de dinero recaudado por pago de contraprestación de esas compañías y depositado en el Fondo para el Taxi, a razón de 1.5 por ciento de la tarifa cobrada por cada viaje iniciado en la Ciudad, sin incluir IVA.
Para el 31 de diciembre de 2017 se habían recaudado 192 millones 552 mil pesos como aportación que entregaron las dos empresas operadoras de las aplicaciones móviles. Uber México aportó 112 millones 96 mil pesos, mientras que Cabify México reportó 80.4 millones. Sin embargo y por lo menos hasta octubre de 2018 todo ese dinero había permanecido en el Fondo, sin ser asignado al propósito de modernizar el transporte público, como en su momento lo presumieron las autoridades capitalinas.
El 15 de agosto de 2018, la Semovi informó a la Auditoría Superior que los recursos del Fondo no se habían invertido, pues el Comité Técnico del mismo se había abstenido de indicar los instrumentos en los cuales debía invertirse ese dinero.
“En la reunión de confronta celebrada, el 1 de octubre de 2018, la Semovi informó que durante el ejercicio 2017, no fue presentado proyecto alguno al Comité, en virtud de estar en espera de la respuesta de la Secretaría de Finanzas, para realizar el traspaso íntegro de los recursos, y estar en condiciones de poderlos transparentar a la ciudadanía”, se lee en el documento.
Las inconsistencias de la Semovi no paran ahí. Hasta diciembre de 2017 las empresas registradas en la dependencia fueron Uber México Technology & Software, S.A. de C.V; Tracking Systems de México, S.A. de C.V; Commute Technologies, S.A.P.I. de C.V; Red de Excelencia en el Transporte, S.A. de C.V; así como Plataforma de Transporte Digital, S.A.P.I. de C.V.
La Semovi reportó que en 2017 contó con un padrón vehicular de 4 mil 960 vehículos registrados y operando, sin embargo, no acreditó la expedición de los permisos anuales otorgados a las empresas referidas.
Además, la Auditoría Superior constató que la Semovi efectuó el registro y validación vehicular con procesos digitales; pero aun cuando informó que emitió una convocatoria para validación vehicular, ésta fue en 2016, no en 2017.
También informó que en 2017 validó 5 mil 128 vehículos pertenecientes a la empresa Uber México, pero no acreditó haber emitido convocatoria, ni proporcionó evidencia documental del otorgamiento de la constancia de declaratoria anual de estado físico-mecánico y seguridad de identidad del vehículo.
El órgano fiscalizador detectó que la Secretaría de Movilidad no contó con estructura orgánica para el registro y control de las aportaciones derivadas de los servicios de transporte privado solicitadas por plataformas virtuales; no acreditó haber aperturado cuenta bancaria para las aportaciones de la empresa Commute Technologies, S.A.P.I. de C.V., y tampoco proporcionó documentación que hubiese generado en 2017 respecto al control contable y financiero de las operaciones del fideicomiso del Fondo.
La nueva administración capitalina no ha fijado una postura sobre el ordenamiento de esas plataformas. Lo ha hecho con el tema de parquímetros, las bicicletas sin anclaje, patines móviles y microbuses. Deberá hacerlo, porque como lo ha descubierto la Auditoría Superior, hay mucho por escarbar.
